La Contraloría General de la República asumió la vigilancia y control fiscal de los recursos involucrados en contratos de la Alcaldía de Cali, de las vigencias 2019 a 2022, sobre los cuales el organismo recibió varias denuncias en la audiencia pública que presidió el contralor Carlos Hernán Rodríguez el pasado 30 de septiembre, en la Cámara de Comercio de la capital del Valle.
El organismo de control ejercerá así competencia prevalente, al decretar intervención funcional de oficio de la Contraloría General de Cali y desplazarla de dicha competencia.
Al mismo tiempo, Rodríguez ordenó ampliar el alcance de la actuación fiscal iniciada a las Empresas Municipales de Cali (Emcali), para cubrir -aparte de la vigencia 2022- las de 2019 a 2021 y atender varias de las denuncias recibidas en la misma audiencia pública.
Para ejercer este control prevalente, se tuvieron en cuenta las denuncias fiscales, alertas tempranas e insumos informativos presentados por la ciudadanía en esa audiencia, en relación con la gestión fiscal de la Alcaldía de Cali.
Y se consideró, además, que la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), a partir de información obtenida mediante el acceso a sistemas de información y bases de datos y consulta de fuentes abiertas, realizó un informe de analítica de datos sobre la contratación de la Alcaldía de Cali, a partir de una muestra selectiva que comprende las vigencias fiscales 2019 a 2022 inclusive, periodo en el que se gestionaron 115.094 contratos, por $6,2 billones.
La ampliación de la actuación fiscal sobre Emcali, que realiza la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, se da en razón a las denuncias ciudadanas que se presentaron en relación a la gestión contractual de la empresa y al admitir, una intervención funcional excepcional formulada por el senador Alexander López Maya y aprobada por la Comisión Primera del Senado de la República.
Y tiene sustento también en un informe de analítica de datos de la DIARI sobre la contratación de Emcali de las vigencias fiscales 2019 a 2022, a partir de una muestra selectiva de 2.198 contratos, por $1,7 billones.
Dicho informe concluye, de manera preliminar, que existen malas prácticas recurrentes en contratación, caracterizadas por la concentración de contratistas, selección directa que beneficia a un entramado de consorcios o uniones temporales, cuyas condiciones de contratación ponen en riesgo los recursos públicos involucrados.
Avanza análisis de denuncias
Frente al escándalo de Emcali y tras la audiencia pública celebrada en la Cámara de Comercio de la capital del Valle el pasado 30 de septiembre, la Contraloría General ha avanzado en el análisis de las denuncias aportadas por la ciudadanía, congresistas y lideres cívicos.
En la actualidad, la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal adelanta tres indagaciones preliminares por cuantía superior a $100.000 millones. Así mismo, se iniciarán otras tres indagaciones preliminares sobre las denuncias formuladas por el senador Alexander López. En esta misma Delegada se encuentran en trámite ocho procesos de responsabilidad fiscal, por $23.000 millones.
Y, a la fecha, la Contraloría Delegada para el sector Vivienda y Saneamiento Básico, en el marco de la auditoria de la vigencia 2022 a Emcali, está consolidando el informe sobre el análisis realizado al contrato suscrito entre la empresa y la Unión Temporal AMI 2022, y al proceso Convocatoria Pública Parque Mulaló.
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