La Contraloría General de la República llevó a cabo una auditoria financiera al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), correspondiente al primer semestre de 2025, en donde estableció hallazgo fiscal por $8.954 millones tras pérdida de recursos en un siniestro de dos drones.
Según explicó la entidad, la adquisición de estos drones se hizo en virtud del Convenio 483 de 2021 realizado por la Contraloría, y cuyo objeto era fortalecer la observación, vigilancia y el reconocimiento aéreo y espacial sobre las aéreas de implementación de las Zonas Estratégicas de Intervención (ZEII), situación que no ocurrió.
Cabe resaltar que el convenio fue celebrado entre el Fondo de Programas Especiales para la Paz – Fondo Paz – adscrito al Dapre, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC).
Así las cosas, la Contraloría resaltó que el hallazgo fiscal se relaciona con la supervisión y administración de los recursos entregados en administración, donde pudieron constatar situaciones como:
- Prórrogas contractuales sin justificación técnica documentada: realizaron seis modificatorios en tiempo (cuatro años) y valor (más de $33.000 millones), la más evidente es que se iniciara una segunda fase sin obtener información aeroespacial.
- Ausencia de pólizas de seguro vigentes que respaldaran los recursos públicos: el Dapre no exigió pólizas a la CIAC para el uso del recurso entregado en administración y la FAC no aseguró las aeronaves “drones” recibidas en su inventario.
- Diferencias entre los informes de supervisión y las actas del comité técnico: en las actas de comité técnico no se tuvieron en cuenta los informes entregados por la FAC, los informes de la CIAC no generan valor agregado para la toma de decisiones frente al proyecto de inversión.
- Falta de respuesta oportuna frente a incidentes técnicos graves ocurridos con las aeronaves adquiridas en la fase I: continuaron con la fase II a pesar de tener siniestrados los dos primeros drones, por situaciones que no se han dirimido con el proveedor.
Asimismo, observaron desprotección de los recursos entregados en la fase II, al no haberse exigido garantías por parte de Fondo Paz, ni asegurar los bienes por parte de la FAC.
En ese sentido, en cumplimiento del Convenio 483 de 2021, “destinaron $38.868 millones para adquirir drones, pero se evidenció falta de supervisión e inobservancia de los fines de la contratación estatal al haber utilizado la figura de suspensión y prórroga contractuales, convirtiéndose en un mecanismo para amparar incumplimientos de las partes desde el año 2021”, explicaron desde la Contraloría.
Y, agregaron que esta situación “conllevó a un presunto detrimento patrimonial de $8.954 millones, por los dos primeros drones, los cuales se siniestraron sin reportar ninguna información conforme a lo mencionado por la FAC. Además, sin tener ninguna información de la Zona Estratégica de Intervención (ZEII), el comité técnico ordenó la compra de otros dos drones que el proveedor no había entregado a la fecha de culminación de la auditoría”.
Para la Contraloría, la situación descrita evidencia un riesgo inminente de pérdida de recursos, sin satisfacer la necesidad para la cual se hizo la contratación y afectación al interés general, por cuanto se comprometieron más de $38.000 millones sin lograr resultados concretos, mientras persisten fallas técnicas, administrativas y de supervisión.
