La Corte Suprema de Justicia ya tendría todas las pruebas y evidencias para concluir la investigación contra los congresistas del caso de corrupción de la Unidad Nacional del Gestión del Riesgo, (UNGRD).
W Radio conoció que la sala encargada de la investigación ya cerró la fase probatoria contra los seis congresistas involucrados: Wadith Manzur, Karen Manrique, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo, Liliana Bitar y Juan Diego Muñoz.
Los senadores habrían incurrido en presionar contratos a cambio de conseguir votos para los créditos que necesitaba el gobierno del presidente Gustavo Petro.
El magistrado Misael Rodríguez será quien elabore el proyecto de decisión que será presentado ante la sala, allí se propondrá que vayan a juicio de acuerdo con la evidencia presentada.
Entre las pruebas destacan los testimonios de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda; y los exdirectivos, Olmedo López y Sneyder Pinilla, (quienes ya fueron condenados).
Adicionalmente estarán los chats entregados por Benavides a la Corte, en los que se evidenciaría una presunta presión indebida de congresistas al Gobierno para garantizar la realización de sesiones y la aprobación de proyectos de endeudamiento en 2023.
Cabe recordar que congresistas habrían convenido contratos y aprobaciones legislativas a cambio de favores. Por ejemplo, se detectó que entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre de 2023 la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) aprobó 13 de los 18 conceptos de endeudamiento presentados por el Ministerio de Hacienda en un lapso inusualmente rápido, lo cual los investigadores interpretan como una señal de operaciones concertadas.
El modus operandi que describe la investigación es que varios congresistas, aprovechando su rol en la CICP o en otros órganos legislativos, habrían exigido o recibido, directa o indirectamente, contratos de la UNGRD —o la promesa de estos— como contraprestación al respaldo parlamentario a proyectos del Gobierno.
Por ejemplo, según testimonios, se habrían vinculado obras de emergencia en municipios como Cotorra (Córdoba) y la compra de maquinaria para La Guajira con la aprobación de iniciativas de crédito público.
Este entramado ha salpicado a varios miembros del Congreso, funcionarios de alto rango y exdirectivos del Gobierno Nacional.
