El derrumbe del sector de construcción, que ya había sido golpeado por un escándalo de corrupción que estalló semanas atrás, ahondará una recesión de la economía argentina generada en gran parte por la aceleración de la ya alta inflación, que provocó un desplome del peso frente al dólar.
Ante los temores de los inversores por la marcha de la economía, muchas empresas de construcción no logran conseguir el financiamiento necesario para avanzar con obras de infraestructura pactadas con el gobierno de Mauricio Macri.
“Los bancos se están retirando de financiar a las empresas de obras públicas. Creo que es por la preocupación del ajuste fiscal que llega a la obra pública”, dijo Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción, que agrupa a empresas como las gigantes Techint y Roggio.
“Es posible que haya 40.000 despidos o incluso más por el parate de la obra pública”, agregó Weiss.
Hoy, según datos privados del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), hay más de 400.000 empleados registrados en el sector, que de todos modos suele tener un alto nivel de empleo informal.
“Estamos siguiendo de cerca la situación del empleo y los salarios en la construcción y trabajando en conjunto periódicamente con los representantes del sector”, dijo un portavoz de la Secretaría de Trabajo, sin responder directamente sobre las expectativas de despidos que tienen los empresarios.
“Habrá que ver en los próximos meses cómo evoluciona todo el tema del crédito, cómo evoluciona a partir del nuevo tipo de cambio el nuevo costo en la construcción”, agregó.
El peso se ha derrumbado cerca del 50 % en lo que va del año debido a turbulencias en mercados emergentes y las dudas sobre el plan del Gobierno, lo que ahondó la recesión y echó más leña al fuego de la inflación.
Un alto funcionario de la Unión Obrera de la Construcción, el mayor sindicato del sector, dijo que en los últimos tres meses se perdieron al menos 12.000 puestos de trabajo en el sector y calculó que el ajuste fiscal del gobierno implicará una reducción de obras públicas del 50 por ciento el año que viene.
“Las obras tienen una cierta inercia y no se cortan de un día para el otro, pero hay obras que tenían 300 personas y ahora tienen 150. En un proceso de 6 meses se pueden perder hasta 60.000 trabajadores. Me parece que, si la crisis no se revierte, probablemente sean más los que se pierdan”, dijo.
“Esto también afecta a las obras privadas porque con la inflación y los aumentos de insumos, no cierran los proyectos, se refinancian o se recalculan”, agregó.
Cuando fue consultado por esa estimación de reducción de obras, el Ministerio de Transporte dijo que las que hoy están en ejecución seguirán adelante y que las que están temporalmente detenidas podría ser debido a trámites burocráticos, alguna traba judicial o problemas de contratistas con algunos insumos.
“En relación a las obras públicas de cara al 2019, se está terminando de definir en el presupuesto que es motivo de evaluación junto con los gobiernos provinciales”, dijo un portavoz de la cartera.
Carrera de obstáculos
Argentina, que acordó en junio una línea de financiamiento del Fondo Monetario Internacional por 50.000 millones de dólares, se encuentra negociando un nuevo convenio para que la entidad adelante el desembolso de los fondos y, así, despejar dudas del mercado sobre las finanzas del país.
El acuerdo con el FMI implica, entre otras cosas, un ajuste en el gasto público en obras de infraestructura, según los compromisos firmados en junio.
El presidente Macri apostaba a licitaciones de obras a través de proyectos de Participación Público Privados (PPP) para sacar a la economía de la recesión y generar puestos de trabajo ante la caída de la actividad industrial, la aceleración de los precios y el déficit comercial.
Pero la crisis cambiaria y su golpe sobre la economía modificaron los planes.
Y para empeorar las cosas, una resonante investigación sobre sobornos de empresas constructoras a funcionarios de la anterior gestión, que estalló en agosto, puso bajo la lupa a muchas de ellas y generó mayor cautela en los bancos.
La fuente de la asociación de bancos, que pidió no ser identificada por la sensibilidad del tema, dijo que las entidades analizan caso por caso y con más rigurosidad el financiamiento a empresas constructoras para evitar operar con las involucradas en el “caso de los cuadernos”, como se conoce a la pesquisa.
“La obra pública fue un factor transformador para el Gobierno, fue uno de los factores fundamentales, esenciales, en los primeros dos años del Gobierno”, dijo Pablo Knopoff, director de la consultora política Isonomía.
“¿Cuál es el problema? En que parte de lo que viene en términos de recorte tiene que ver con la obra pública”, añadió.
Un empresario de la construcción que habló en condición de anonimato dijo que la decisión del Gobierno de demorar obras lo obligó hace 10 días a despedir 200 obreros, del total de 2.000 empleados que tiene, y también estimó que el sector podría sufrir unos 40.000 despidos en los próximos dos meses.
“Ha habido una detención en el crecimiento (…) y una leve baja mensual en los puestos de trabajo debido en parte a la estacionalidad (en invierno tiende a existir una baja en el sector) y en parte a la inestabilidad en el tipo de cambio”, aseguró el portavoz de la Secretaría de Trabajo.
Como parte de las negociaciones con el FMI, el Gobierno de Macri decidió ajustar el presupuesto para eliminar el año próximo el déficit fiscal, cuando inicialmente tenía una meta de rojo fiscal del 1,3 % del Producto Interno Bruto.
(1 dólar = 37,45 pesos)
(Tomado de Reuters).
