
El pasado martes 11 de marzo, ocho congresistas de la Comisión Séptima del Senado radicaron el proyecto de archivo de la reforma laboral en Colombia.
Ante este escenario, el presidente Gustavo Petro anunció en una alocución que el Gobierno convocará una consulta popularpara que la ciudadanía decida sobre el futuro de la reforma laboral y la reforma a la salud.
“Esto significa que se hará una convocatoria al pueblo, no solo para movilizarse, sino para decidir. La manera en que la Constitución permite que el pueblo decida directamente se llama consulta popular. El Gobierno convocará una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y la reforma a la salud”, expresó el presidente Petro.
Esta herramienta de participación ciudadana fue incluida en la Constitución Nacional de 1991 y reglamentada por la Ley 134 de 1994. Para su implementación, el Senado debe aprobarla dentro de los plazos establecidos y formular una pregunta concreta para su votación.

La última consulta popular en Colombia: la Consulta Anticorrupción
En el contexto de la iniciativa anunciada por el Gobierno, la última consulta popular realizada en Colombia tuvo lugar el 26 de agosto de 2018. En esa ocasión, los ciudadanos votaron en la Consulta Anticorrupción, liderada por la entonces senadora Angélica Lozano y respaldada por otros legisladores.
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Dicha consulta incluía siete puntos clave para determinar sanciones dirigidas a combatir la corrupción en el país. Entre las propuestas figuraban la reducción del salario de los congresistas y la eliminación de beneficios para condenados por corrupción.
A pesar del amplio respaldo ciudadano, la consulta no alcanzó el umbral requerido para su aprobación. Según la normativa vigente, se necesitaba la participación de al menos 12.231.314 votantes, equivalentes a la tercera parte del censo electoral de ese momento. Aunque el 99 % de los sufragios fueron favorables, solo 11.674.951 ciudadanos acudieron a las urnas, por lo que la iniciativa no logró su validación.
Con el anuncio del presidente Petro, se abre nuevamente el debate sobre el uso de mecanismos de participación ciudadana para definir aspectos fundamentales de las reformas propuestas por el Gobierno.