Un nuevo precedente jurídico marcó la Corte Constitucional al modificar el alcance de la obligación alimentaria de los hijos hacia sus padres. A través de la Sentencia C-412 de 2025, el alto tribunal determinó que los hijos, ya sean biológicos, adoptivos o de crianza, podrán ser eximidos del pago de la cuota alimentaria cuando se compruebe que sus padres incurrieron en actos de maltrato físico o psicológico en su contra.

Esta decisión introduce un cambio significativo en la interpretación de la norma, pues hasta el momento solo los hijos de crianza podían solicitar la exoneración. Con la nueva sentencia, se amplía el beneficio a todos los hijos que puedan demostrar haber sido víctimas de agresiones o conductas que vulneren su dignidad y bienestar emocional. En consecuencia, la Corte reafirma el principio de que la obligación alimentaria no puede mantenerse cuando el vínculo familiar ha sido afectado por actos de violencia o abuso por parte de los padres.

De acuerdo con el fallo, los hijos que consideren haber sufrido maltrato podrán presentar ante un juez de familia la solicitud de exoneración, acompañada de las pruebas que sustenten los hechos. El juez deberá evaluar si las agresiones, ya sean físicas o psicológicas, tienen un impacto comprobado en la salud emocional del hijo y si constituyen una razón válida para suspender la obligación de manutención.

La Corte también destacó la importancia de incorporar la perspectiva de la salud mental en la valoración judicial de estos casos. Esto significa que el juez no solo deberá examinar los hechos de manera material, sino que también tendrá que considerar las consecuencias psicológicas y morales que el maltrato haya generado en el hijo. En este sentido, el bienestar integral y la dignidad de la persona se convierten en elementos centrales del análisis.

¿Cómo deben demostrar los hijos maltrato físico o psicológico por parte de los padres?

Para establecer la existencia del maltrato, será necesario adelantar un proceso psicológico o pericial, mediante el cual se realicen las evaluaciones pertinentes y se determinen los posibles daños ocasionados. Dichos estudios servirán como soporte técnico para que el juez adopte una decisión fundada en criterios objetivos y garantice que la exoneración se aplique únicamente en los casos donde exista evidencia suficiente.

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La Corte Constitucional precisó que la decisión del juez deberá estar guiada por los principios de protección integral y dignidad humana, de modo que se reconozca la responsabilidad emocional y moral que implica la relación entre padres e hijos. No se trata de eliminar la obligación alimentaria de manera indiscriminada, sino de impedir que esta se convierta en una carga injusta para quienes fueron víctimas de violencia o maltrato.