David Racero afronta procesos que podrían costarle curul en el Congreso; investigan presunta concusión

El representante a la Cámara David Racero, quien busca dar el salto al Senado en las elecciones de 2026, atraviesa uno de los momentos más críticos de su carrera política. Aunque afronta tres procesos de pérdida de investidura en el Consejo de Estado, lo que realmente lo pone contra las cuerdas es una investigación formal por concusión abierta en su contra por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con lo revelado por el periodista Daniel Coronell en W Radio, los señalamientos van mucho más allá de meras faltas administrativas. La Corte indaga si Racero exigía a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) que, con sus salarios pagados por el Estado, cubrieran gastos personales del congresista. Entre los pagos detectados figuran cuotas de su tarjeta de crédito, transferencias a familiares —incluido su padre— y compras domésticas como el mercado de su hogar.

Aunque Racero ha dicho que esos movimientos correspondían a préstamos cruzados entre él y sus asesores, la trazabilidad financiera encontrada por los investigadores no respalda esa versión. Por el contrario, sugiere que parte de los ingresos de sus subordinados terminaba directamente en manos del congresista.

El caso se complica aún más con un segundo episodio de presunta concusión: la utilización de un funcionario de su UTL, John Leonardo García Lara, para que trabajara en un negocio particular del representante, un fruver en el barrio Villa Luz de Bogotá. En testimonio ante el Consejo de Estado, García negó esa relación, pero su nombre aparece en documentos de arrendamiento del local y en mensajes de WhatsApp en los que Racero le pedía continuar las labores en el establecimiento, incluso comprando insumos a cambio de no sacarlo de la nómina oficial.

El magistrado Fredy Hernando Ibarra, que adelanta los procesos de pérdida de investidura contra Racero, advirtió al testigo que mentir bajo juramento constituye falso testimonio, un delito castigado con penas de entre seis y doce años de cárcel. Si se suma la posibilidad de fraude procesal, las sanciones podrían duplicarse.

Mientras la investigación penal avanza y el Consejo de Estado define si Racero mantiene o no su curul, lo cierto es que el panorama político del representante, otra figura ascendente del petrismo, hoy se encuentra marcado por la incertidumbre judicial y el riesgo de que su carrera termine no en el Senado, sino en los estrados penales.