Decisión clave en materia ambiental habilitaría inversión estratégica en el sur de Córdoba

Comunidades rurales del sur de Córdoba siguen atentas la definición por parte de la ANLA, de la cual depende la habilitación de inversiones para el territorio.

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Colombia avanza en su agenda de transición energética en un contexto marcado por el aumento sostenido de la demanda global de minerales estratégicos como el cobre, insumo fundamental para la electrificación, las energías renovables, la movilidad eléctrica y la infraestructura tecnológica.

En este escenario, el próximo miércoles 28 de enero el Comité Técnico Consultivo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitirá su concepto sobre el proyecto de cobre El Alacrán, decisión que permitiría el avance hacia la fase de Construcción y Montaje (C&M) de la mina.

El proyecto, desarrollado hasta la fecha de manera conjunta por la empresa canadiense Cordoba Minerals Corp. y la compañía china JCHX, fue declarado Proyecto de Interés Nacional (PIN) por la Agencia Nacional de Minería (ANM) y se encuentra bajo la categoría de seguimiento especializado, lo que implica una evaluación prioritaria por su relevancia económica y estratégica.

El Alacrán estima una inversión total superior a US$700 millones. A la fecha, la compañía ha ejecutado más de US$200 millones, principalmente en exploración, estudios técnicos, ambientales e iniciativas sociales. La fase de construcción y montaje requerirá una inversión adicional estimada en US$420 millones, cuyo inicio está previsto para el primer semestre de 2026, sujeto a la obtención de la licencia ambiental.

El proyecto se localiza en el municipio de Puerto Libertador, en el sur de Córdoba, una región que enfrenta retos estructurales en materia de empleo formal, competitividad y diversificación productiva.

Empleo formal y competitividad regional

Durante la fase de construcción y montaje se estima la generación de alrededor de 1.700 empleos formales, priorizando la contratación de mano de obra local y el fortalecimiento de capacidades técnicas en el territorio.

Este dato cobra relevancia en un departamento donde la informalidad laboral sigue siendo elevada. De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Córdoba presenta tasas de informalidad superiores al 65 %, y en centros poblados y zonas rurales estas cifras superan el 80 %, lo que limita el acceso a ingresos estables, seguridad social y protección laboral, lo cual repercute en la calidad de vida de los locales.

En términos de competitividad, el departamento presenta rezagos. El Índice Departamental de Competitividad (IDC) 2025, elaborado por el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario, ubica a Córdoba en el puesto 22 entre 33 entidades territoriales evaluadas, con brechas persistentes en productividad, infraestructura, formalización laboral y diversificación económica. En este contexto, proyectos de inversión de gran escala como El Alacrán contribuyen a fortalecer la capacidad del territorio para integrarse a dinámicas productivas formales y de mayor valor agregado.

El futuro del proyecto de cobre El Alacrán depende hoy de una decisión determinante relacionada con el otorgamiento de la licencia ambiental.
El futuro del proyecto de cobre El Alacrán depende hoy de una decisión determinante relacionada con el otorgamiento de la licencia ambiental. Foto: cortesía Minerales Córdoba

Impacto fiscal y encadenamientos productivos

En un escenario en el que se materialice la fase de producción, se estiman aportes por US$187,7 millones en regalías al finalizar la vida útil de la mina y más de US$510,1 millones en impuestos a la renta, recursos que contribuirán al desarrollo regional y al fortalecimiento de las finanzas públicas. Adicionalmente, la ejecución del proyecto implica una mayor demanda de bienes y servicios locales y regionales, con impactos sobre sectores como transporte, logística, alojamiento, alimentación, mantenimiento y servicios técnicos, favoreciendo encadenamientos productivos formales.

Componente ambiental y transición energética

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado ante la autoridad ambiental contempla la implementación de medidas integrales de prevención, manejo, monitoreo y compensación de los impactos asociados al proyecto. Además, incorpora acciones orientadas a la recuperación y compensación de más de 400 hectáreas de pasivos ambientales, derivados, entre otros, de actividades mineras históricas desarrolladas en la zona por terceros en el pasado.

Como parte de su planeación energética el proyecto incorpora un parque solar de 9,9 MW, con la posibilidad de integrar capacidad adicional de manera escalonada, que permitiría cubrir hasta el 50 % de la demanda energética de la operación. Esta infraestructura se alinea con el uso de fuentes renovables para el abastecimiento energético del proyecto y con los objetivos de diversificación de la matriz energética regional.

Adicionalmente, la compañía evalúa la posibilidad de destinar los excedentes de generación del parque solar a la conformación de comunidades energéticas con poblaciones locales cercanas, iniciativa que se desarrollaría de manera progresiva y estaría sujeta al cumplimiento de los requisitos regulatorios aplicables y a la aprobación de las autoridades competentes.

Contexto global y oportunidad para Colombia

El cobre es un insumo central en la transición energética, la electrificación de redes y la producción de vehículos eléctricos, y su demanda global sigue en aumento. Según  un  estudio  reciente  de   S&P  Global  Energy  and  Market  Intelligence publicado el 8 de enero de 2026, la demanda mundial de cobre podría crecer cerca del 50 % hacia 2040, pasando de alrededor de 28 millones de toneladas métricas al año a cerca de 42 millones, impulsada por la expansión de redes y vehículos eléctricos, infraestructura renovable y centros de datos. El informe señala además que, sin un aumento sustancial de la producción, la oferta global podría quedar más de 10 millones de toneladas por debajo de la demanda proyectada para 2040.

En ese contexto, la materialización de proyectos como El Alacrán ofrece a Colombia la oportunidad de posicionarse en el mapa de países que aportan a la producción de un mineral clave para la transición energética, enfrentando un mercado global con presiones de oferta y demanda y donde la expansión de la minería de cobre es considerada fundamental para atender las necesidades de infraestructura limpia y tecnologías de baja emisión.

Con una vida útil estimada de 14,2 años y una capacidad diaria de procesamiento entre 17.000 y 20.000 toneladas de material, El Alacrán tiene el potencial de marcar un hito en la historia del cobre en Colombia y consolidarse como un proyecto de clase mundial.

Foto: cortesía Minerales Córdoba
Foto: cortesía Minerales Córdoba

Relación con las comunidades y desarrollo territorial

El Alacrán ha construido un diálogo permanente con comunidades locales, autoridades, inversionistas y demás grupos de interés, bajo el entendimiento de que la comunicación abierta, la transparencia y la participación son elementos fundamentales para el desarrollo sostenible del territorio.

Este enfoque se materializa en iniciativas sociales, programas de formación y fortalecimiento de capacidades, generación de empleo formal y una estrategia de sostenibilidad orientada a que el proyecto actúe como motor de bienestar, inclusión y progreso para el sur rural de Córdoba.

“En esta zona no hay muchas oportunidades de trabajo. La mayoría de empleos formales y legales que existen hoy dependen de este proyecto. Muchas personas de nuestras veredas trabajan allí, y gracias a eso han podido llevar comida a sus casas, pagar los estudios de sus hijos y vivir con dignidad. Si el proceso sigue demorándose, existe el riesgo de que empiecen los despidos o incluso que la empresa tenga que parar sus operaciones, y eso sería un golpe muy duro para todos nosotros”, señala Eliecer Velásquez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la comunidad El Alacrán.

La decisión y sus implicaciones para el territorio

En este contexto, la definición sobre el futuro del proyecto tiene implicaciones que van más allá del ámbito técnico y administrativo. En el área de influencia, la decisión sobre la licencia ambiental se asocia con expectativas vinculadas al empleo formal, la dinamización de la economía local y la mejora progresiva de las condiciones de vida, en un territorio históricamente marcado por altos niveles de informalidad y limitadas alternativas productivas.

La resolución de este proceso permitirá dar claridad sobre el curso del proyecto, el alcance de una inversión estratégica para el sur de Córdoba y el rol que esta iniciativa puede desempeñar en un contexto en el que el territorio enfrenta retos estructurales en materia de empleo, formalización y desarrollo económico.