Desde que Gustavo Petro Urrego asumió la Presidencia de Colombia en 2022, su Gobierno ha sido objeto de críticas por parte de analistas, expertos, gremios, empresarios y otros sectores productivos, quienes aseguran que las decisiones que toma el mandatario no son las más acertadas para el país.
Y es que durante su mandato – que finaliza el próximo 7 de agosto de 2026 -, Petro ha sacado varios decretos tras las negativas que ha recibido en el Congreso de la República.
Estos se relacionan con reformas, emergencias económicas, consulta popular, intención de asumir regulación de los servicios públicos, entre otros.
Expertos consultados por Valora Analitik aseguraron que en los decretos emitidos se pueden evidenciar de forma reiterada vicios de motivación técnica insuficiente, un uso arbitrario y excesivo de las facultades extraordinarias sin demostrar de forma clara la urgencia de los recursos.
Juan Felipe Hernández Rojas, abogado experto en asesoría legal estratégica, derecho societario y empresarial, socio de la firma Hernández & Palacio Abogados, se refirió a los decretos de emergencia económica, asegurando que el Gobierno Petro “busca flujo de caja para continuar con su gasto desmedido”.
Como complemento, advirtió que “estos intentos de reforma tributaria” mediante decretos generan incertidumbre tributaria, deterioro de la credibilidad fiscal, incremento en la prima de riesgo país, así como también afecta la inflación.
Adicional a lo anterior, Hernández afirmó que el uso reiterado de la emergencia económica “demuestra la improvisación de este Gobierno, que en vez de reducir el gasto y controlar su presupuesto, cada vez gasta y gasta más en aspectos que no son relevantes, ni generan un impacto en el país ni sus habitantes”.
Un punto clave que aclaró el abogado es que los impuestos que se decreten hoy no generan ingresos sino a partir del próximo año, o en el mejor de los casos, en el segundo semestre de 2026, “lo cual no resuelve el problema de los recursos requeridos para atender hoy los desastres naturales y necesidades de los departamentos afectados”.
Finalmente, alertó sobre la percepción que tienen los mercados internacionales sobre Colombia, dejando claro que con las acciones de este Gobierno, se da una señal negativa por la incertidumbre regulatoria y tensiones entre poderes.
“Con todo lo que está pasando políticamente en Colombia, las movidas del Gobierno, el déficit fiscal, y las declaratorias de emergencia económica, la percepción internacional sobre el país la podemos catalogar, en general, como cautelosa y negativa, sobre todo por la pérdida de atractivo para inversionistas, tanto nacionales como extranjeros”.
Entre los puntos relevantes que afectan al país mencionó la prima de riesgo, la calificación de Colombia en niveles especulativos y la incertidumbre jurídica que afecta la planeación financiera de los inversionistas.
Algunos decretos y decisiones del Gobierno Petro que no tuvieron futuro
En 2023, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto 0227 de ese año, con el cual el presidente asumía el control de la regulación de los servicios públicos en el país.
Petro buscaba asumir las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA); es decir, de los servicios públicos.
No obstante, el ente de control decidió resolver la solicitud de medida cautelar de urgencia elevada por los accionantes Julián David Solorza Martínez y Lucas Arboleda Henao.
Por otro lado, el gobierno declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira en julio de 2023 (Decreto 1085) por grave crisis humanitaria por falta de agua, agravada por el fenómeno de El Niño.
La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la emergencia en octubre de 2023, determinando que la crisis era estructural y no una situación sobreviniente o excepcional.
Uno de los proyectos bandera del Gobierno Petro, la reforma pensional, recibió una negativa en la Corte Constitucional, quedando así suspendida la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024 en junio de 2025.
Sin embargo, deberá ser revisada nuevamente luego de que el legislativo subsane todos los errores que cometieron en el marco del debate y aprobación del proyecto de ley.
Siguiendo con las negativas que ha recibido el Gobierno, el Consejo de Estado suspendió el decreto 0639 de 2025 que convocaba a la Consulta Popular. La demanda fue interpuesta por el entonces presidente del Senado, Efraín Cepeda.
El tribunal concluyó que el decreto era un acto con contenido electoral, ya que fue emitido por una autoridad nacional y tiene como propósito poner en marcha un mecanismo de participación ciudadana, como lo es la consulta.
Otro de los puntos más polémicos recientemente ha sido la suspensión provisional de los efectos de la emergencia económica decretada por el Gobierno, con la cual buscaba recaudar $16,3 billones que iban a ser destinados para terminar de cubrir el Presupuesto de 2026.
La Corte Constitucional, con una votación de 6/2, decidió aplicar la medida cautelar contra la medida del presidente.
Adicional a eso, la Sala Plena dejó sin efecto el decreto 0044 del 21 de enero de 2026, por medio del cual se introducían nuevos tributos a la generación de energía eléctrica en Colombia.
Expertos en su momento alertaron que estos tenían serias afectaciones a la estabilidad financiera del sector y a la credibilidad del marco institucional.
Y por último, el más reciente, tiene que ver con el fuerte incremento del salario mínimo (23 %) que decretó el Gobierno de Gustavo Petro.
El pasado 13 de febrero, el Consejo de Estado suspendió temporalmente los efectos de dicho decreto, mientras se adelanta el estudio de fondo sobre su legalidad.
El alto tribunal respondió a varias solicitudes que pedían frenarlo mientras se toma una decisión definitiva, por lo que ordenó suspender de manera provisional el decreto demandado y pidió que, de forma temporal, las entidades responsables fijen un salario mínimo para 2026 mediante una decisión administrativa transitoria.
