La Asamblea General de la Triple A de Barranquilla definió a su nueva Junta Directiva la cual estará compuesta por Arnaldo Mendoza Torres, Jesús Vall De Ruten, Juan Alberto Londoño Martínez y María Virginia Torres como miembros principales.
Arnaldo Mendoza Torres tiene un doctorado en derecho y ciencias sociales de la Universidad Libre Seccional de Pereria y ha trabajado como secretario general de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica y como socio principal de su propia firma de consultores legales.
Jesus Vall de Ruten es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con especializaciones en derecho laboral y ciencias socioeconómicas, estudios superiores en derecho comercial y seguros de la misma universidad. Ha trabajado como director del Departamento Jurídico de la Asociación Bancaria de Colombia; director del Departamento Jurídico de Sade Suramericana de Electrificación S.A. y coordinador del Comité Jurídico de la Cámara de Comercio de Barranquilla, entre otras.
Algunos de los trabajos de Juan Alberto Londoño fueron como asesor jurídico del Ministerio del Interior, gerente de asuntos regulatorios de Phillips Morris International y asesor jurídico de la Alta Consejería Presidencial.
Por su parte, María Virginia Torres, ha trabajado como directora de Gestión de Recursos y Administración Económica de la Dian, consultora del Programa de Naciones Unidas y directora de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, entre otros.
De su parte, Miguel Linero de Cambil, Gabriel Ñúñez Insignares, Alonso Castellanos Rueda y Mauricio Solórzano Arenas fueron elegidos como miembros suplentes de la nueva Junta.
Con estos nuevos miembros se trabajarán temas como la ampliación del contrato de prestación del servicio de aseo, el manejo del software por temas propiedad, la conservación de las licencias, el mantenimiento, las actualizaciones para la prestación del servicio, así como la toma las decisiones administrativas necesarias garantizar la excelencia en la administración de la empresa Triple A.
De acuerdo con el porcentaje accionario en la orden de embargo y secuestro entregado por la Fiscalía General de la Nación, el Gobierno Nacional y Sociedad de Activos Especiales (SAE) seleccionaron a aspirantes a miembros de Junta Directiva teniendo en cuenta criterios de idoneidad técnica, administrativa, profesional y ética.
Al interior del máximo órgano social de Triple A se logró conocer el estado financiero y de gestión actual de la sociedad, así como la designación de los nuevos miembros de la Junta Directiva que iniciaran sus actividades con la elaboración de un diagnóstico del estado actual de la empresa y el análisis de las decisiones que amerita el devenir propio de los mismos.
