La Asociación Colombiana de Minería (ACM) aseguró que, luego de conocer la ponencia para el primer debate de la reforma tributaria en Colombia, “representa una palpable amenaza a la permanencia del sector minero e industrial del que dependen miles de familias y gran parte de los recursos de la Nación”.
Según el gremio, el texto presentado para discusión de las Comisiones económicas del Congreso de la República desconoce las conversaciones y argumentos jurídicos y técnicos presentados por la industria en las últimas semanas con el Gobierno nacional.
“Es discriminatorio, inequitativo y desproporcionado que un solo sector de la economía (la minería)”, manifestó el gremio.
Para la ACM, los efectos negativos estarían alrededor de $7 billones; es decir, un aporte más de 32 % del total de la reforma y cerca del 70 % si se incluye el petróleo.
“Desconociendo la real capacidad contributiva de las empresas y las graves consecuencias que traería para el desarrollo del país, en especial para los municipios mineros”, precisó la ACM.
Cabe recordar que la OCDE, en su informe sobre la reforma tributaria, advirtió que el proyecto incrementa de manera sustancial los impuestos del sector y considera necesario un estudio profundo que cuantifique el espacio disponible para aumentar la tributación, en relación con los principales países competidores.
Antes de la reforma, según diversos estudios, el sector ya tenía la tasa de tributación más alta de la región: 74 % según la UPME, cifras estimadas por el mismo estado colombiano.
Ahora, de acuerdo con la ACM, la combinación de sobretasa y no deducibilidad de las regalías dejan a la minería con niveles de tributación cercanos al 90 %.
Se estima que lo anterior ponga en alto riesgo la viabilidad de los proyectos mineros más grandes del país que dinamizan las economías en sus regiones.
Cabe recordar que la minería participa con el 37 % de la economía en el Cesar y el 44 % en La Guajira.
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Más advertencias de los mineros de Colombia
La ACM además alertó que el sustento de cerca de un millón de familias quedaría en riesgo. Del mismo modo, los más de $14 billones que este sector aportará a la Nación, sin la reforma, quedarían sujetos a una condición de precios altos que sería insostenible en el tiempo.
Un análisis del texto discriminado por sectores adelantado por el gremio muestra que, en lo que tiene que ver con materiales para la construcción, la tarifa combinada de renta más sobretasa deja al país con un impuesto sobre la renta de 45 %, sin poder deducir los costos de regalías como sí lo hacen en otros países.
“Este es un valor sin precedentes frente a otras naciones de la región entre las que están Brasil, México, Chile y Perú, con tarifas que llegan al 34%, 30%, 27% y 29,5%, respectivamente”, sostuvo Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).
Así las cosas, de acuerdo con la agremiación, el país quedaría expuesto a la importación de cerámicas, cementos entre otros materiales industriales, encareciendo los hogares de los colombianos y el desarrollo de infraestructura nacional.
La revisión del texto también dejaría en evidencia que, si las regalías no se entienden como un costo de la operación, sería imposible incentivar la exploración de los minerales que necesita el país y el mundo para avanzar en el proceso de transición energética, informó la ACM.
“El país se quedaría sin los incentivos para ampliar los proyectos actuales dado que el Estado capta el 90 % de las utilidades de una operación”, dijo la Asociación.
Adicionalmente, la agremiación advirtió que los diez puntos de sobretasa para el sector también tendrían un importante impacto en la formalización minera, con la cual la industria busca evitar la contaminación de fuentes hídricas, devastación del medio ambiente, generación de empleo formal y el aporte a las regiones a través de impuestos.
“De esta forma, se termina incentivando la informalidad en las explotaciones de oro, ya que las mismas para desarrollarse de manera formal requieren de grandes inversiones para implementar una producción limpia, vigilada y que pague impuestos, si además se le impone una tarifa del 45 % sobre la renta, esto lanzaría por la borda miles de procesos de formalización”, puntualizó el dirigente gremial.
