Una investigación conjunta entre Fedesarrollo y la Universidad de los Andes advierte que la persistente pobreza y la alta desigualdad en Colombia son el resultado directo de una organización productiva deficiente.
Según las economistas Marcela Eslava y Marcela Meléndez, el país sufre de una estructura laboral dominada por el autoempleo informal y empresas de muy baja productividad que impiden el crecimiento económico y la movilidad social.
Sin embargo, mientras el 25 % de los hogares con mayores ingresos aporta el 30 % del empleo (mayormente formal y asalariado), el 25 % de los hogares más pobres solo aporta el 16 % del empleo en este grupo donde la precariedad es la norma.
Una de las conclusiones del análisis es que, en Colombia, la equidad y el crecimiento económico dependen de una transformación profunda que permita generar empleos de calidad.
Una brecha laboral y social profunda
El informe detalla una serie de disparidades críticas en el acceso al mercado de trabajo y la calidad de los ingresos.
En el cuartil de ingresos más bajos, el 88 % de los trabajadores son por cuenta propia y laboran en negocios de menos de cinco personas. Así a nivel nacional, el autoempleo representa el 44 % del empleo total, una cifra superior al 29 % del promedio latinoamericano y al 10 % de los países de ingresos altos.
El estudio también revela que el salario mínimo en Colombia está lejos de ser efectivo porque llega apenas a 2,4 millones de trabajadores, lo que representa cerca del 10 % de la población ocupada. En 2024, el 49 % de los trabajadores ganaba menos de un salario mínimo (11 millones) y un 29 % percibía menos de la mitad de este.
Por otra parte, aunque ha habido progreso, las brechas educativas siguen siendo abismales. Para 2023, mientras el 53 % de las personas del cuartil más rico contaba con educación técnica, tecnológica o universitaria, solo el 7 % del cuartil más pobre alcanzaba este nivel. De hecho, el 39 % de la población más pobre tiene como máximo nivel educativo la primaria o menos.
Barreras regulatorias al crecimiento
La investigación enfatiza que el diseño de las políticas públicas actuales castiga la creación de empresas productivas, dado que Colombia ostenta los costos laborales extrasalariales más altos de América Latina, representando un 60 % del mínimo (frente a países como Chile con un 28 % o México con un 36 %).
A esto se suma que el país tiene la tasa nominal de impuesto corporativo más alta de la región, un 35 %, lo que dificulta la sostenibilidad de negocios pequeños y medianos que podrían generar empleos de mejor calidad.
Ante este panorama, las autoras advierten que «redistribuir sin crecer puede repartir de manera más equitativa una torta cada vez más pequeña», por lo que señalan que la verdadera solución radica en conectar a la población con actividades de alta productividad.
Una estrategia de transformación productiva
Para superar esta crisis, Eslava y Meléndez proponen una estrategia integral que deje atrás el «enanismo productivo», comenzando por tener una coherencia en la política pública.
Su propuesta detallada pasa por unificar los objetivos de crecimiento y equidad bajo un liderazgo presidencial decidido y una institucionalidad técnica reforzada, posiblemente a través de un DNP reformado.
Para fomenta a la innovación se plantea eliminar la fragmentación de programas actuales que le apuntan a ese objetivo y crear una estrategia única con pocas intervenciones robustas y evaluadas. Además, actualmente Colombia solo gasta el 0,3 % del PIB en innovación.
Fuente: Fedesarrollo
En opinión de las autoras, el sistema laboral necesita una reforma de marcos regulatorios donde se revisen las políticas laboral, de seguridad social y tributaria para eliminar los desincentivos al crecimiento empresarial.
También proponen alinear el sistema educativo con las demandas del mercado, fomentando el reentrenamiento a lo largo de la vida y habilidades transversales desde etapas tempranas para contribuir a la productividad.
Finalmente, creen que el gobierno debe implementar esquemas de transferencias e inversiones en capital humano que incentiven la vinculación laboral formal en lugar de desincentivarla.
En su investigación, las autoras insisten, a manera de conclusión, en que «la pregunta no es si crecer o reducir la desigualdad; la pregunta es cómo lograr que la transformación de la organización productiva ocurra de verdad».
