El millonario contrato que se ganará Thomas Greg & Sons y que profundizará las tensiones con el gobierno Petro

Las jugadas tras el contrato electoral: Thomas Greg, la Registraduría y el dedo de Petro.

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En pocas horas, la Registraduría Nacional del Estado Civil adjudicará uno de los contratos más sensibles del país: el que contempla toda la logística electoral para las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2026.

Sin embargo, el proceso no ha estado exento de cuestionamientos, varios de ellos provenientes del propio presidente de la República, Gustavo Petro.

El mandatario ha sido enfático en que el contrato podría quedar nuevamente en manos de Thomas Greg & Sons, una empresa con la que el Gobierno sostiene una abierta disputa, particularmente por el fallido proceso de adjudicación del contrato de pasaportes, el cual esta firma ha manejado por más de dos décadas.

A pesar del interés inicial de 10 empresas, consorcios y uniones temporales, fue la Unión Temporal de Integración Logística Electoral (UT ILE 2026) —en la que participa Thomas Greg— la que se quedará con el contrato de $2 billones.  

Entre las firmas interesadas se encontraban:

  • Colservicio & Suministros S.A.S.
  • Cadena S.A.
  • Comercializadora Empresarial de Córdoba S.A.S.
  • Multidestinos.
  • Servientrega S.A.
  • 53 Simple Smart Speedy S.A.S.
  • Portes de Colombia.
  • Toppan Security Colombia S.A.S.
  • Smartmatic (proveedor internacional de voto electrónico, con experiencia en Venezuela).
  • Unión Temporal de Integración Logística Electoral (UT ILE 2026).

Thomas Greg ha liderado estos procesos mediante uniones temporales, lo que genera críticas sobre la falta de pluralidad y apertura en la contratación. La empresa ha tenido las riendas por casi 25 años la logística de los comicios en Colombia, y ahora está a punto de renovar un nuevo contrato valorado en más de $2 billones.

El contrato contempla el diseño, impresión, distribución y entrega del kit electoral, que incluye formularios E-14, actas de mesa, resaltadores, lapiceros y los tarjetones de votación. Todo este material debe llegar no solo a las mesas del país, sino también a los consulados en el exterior.

Contrato de la Registraduría
Contrato de la Registraduría.

Críticas por falta de competencia real

Varias empresas interesadas decidieron retirarse del proceso, alegando que los requisitos incluidos en el pliego eran excluyentes y favorecían a un único proveedor.

Una de ellas fue Cadena S.A., que en una carta enviada a la Registraduría —y revelada por El Espectador— explicó que su retiro obedecía a un «acto de coherencia» frente a la reiterada inclusión de condiciones que «impiden la competencia abierta y plural».

La empresa aseguró que no se trataba de falta de capacidad técnica o experiencia, sino de una estructura contractual diseñada para favorecer a quien ha ejecutado históricamente los procesos electorales.

Entre las razones que Cadena denunció, están: Un análisis de mercado distorsionado, requisitos técnicos excluyentes, experiencia específica y voluminosa “casi imposible de acreditar para nuevos competidores” y una agrupación de servicios disímiles (logísticos, tecnológicos y de seguridad).

Otra firma que expresó reparos fue Toppan Security Colombia S.A.S., que pidió mayor flexibilidad en los criterios habilitantes. Solicitó, por ejemplo, que se aceptara experiencia en dirección de cualquier tipo de proyecto (no solo electorales), que se validara la experiencia como subcontratistas, y que se hicieran ajustes técnicos y normativos para permitir una mayor pluralidad de oferentes.

Petro y sus cuestionamientos

El presidente Gustavo Petro ha reiterado sus críticas a la Registraduría y al proceso de adjudicación del contrato electoral para 2026, expresando desconfianza en la transparencia de las elecciones.

Señala como principal motivo la posible continuidad de la empresa Thomas Greg & Sons, que ha manejado por más de 20 años la logística electoral en Colombia y también ha sido contratista en el proceso de emisión de pasaportes.

Petro sostiene que existe un monopolio privado sobre los datos de los colombianos, entregado por gobiernos anteriores, que viola la Constitución y pone en riesgo la democracia y la privacidad.

Asimismo, se ha criticado a la Procuraduría, bajo la dirección de Margarita Cabello, por presuntamente sabotear las investigaciones que buscaban esclarecer posibles prácticas restrictivas de libre competencia por parte de Thomas Greg & Sons.

“A fines del año pasado fue la procuradora Margarita Cabello, quien trató de saltarse las funciones constitucionales, para evitar que la Procuraduría pudiese establecer prácticas fraudulentas de funcionarios de la registraduría en la conformación de un monopolio privado de los datos de todos los colombianos y con capacidad de intervenir en las elecciones”, escribió Petro. Cabe mencionar que el registrador, Hernán Penagos, no se ha referido a los señalamientos contra la entidad.