La emergencia económica decretada por el gobierno del presidente Petro en La Guajira busca establecer los mecanismos de atención de una población que, según el presidente, requiere de planes urgentes.
De acuerdo con el gobierno, la falta de agua potable y los altos indicadores de pobreza son condicionales para la decisión que se tomó.
Sin embargo, hay quienes argumentan que el decreto de emergencia económica para La Guajira debería perder todo tipo de efecto.
La petición puntual llegó a manos de la Procuraduría, órgano que solicitó a la Corte Constitucional eliminar los efectos de la orden del mandatario.
La petición sobre el decreto de la emergencia económica en La Guajira
Puntualmente, dice la Procuraduría que declarar un estado de emergencia económica, social y ecológica con base en hechos “que no son sobrevinientes”, pueden ser atendidos por medio de los mecanismos ordinarios existentes en el ordenamiento jurídico.
«Debe ser superada por las autoridades a partir de una buena gestión de los instrumentos institucionales construidos a través de la experiencia, es decir, sin otorgarle facultades extraordinarias al Gobierno Nacional», dice la Procuraduría.
Vale recordar que el presidente Petro ha manifestado que la declaratoria de emergencia económica para La Guajira supone también que el país pueda avanzar en proyecto productivos para la región.
Así como la adecuación de infraestructura que permita el mejoramiento de la calidad en servicios como el suministro de agua potable.
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A pesar de lo anterior, desde la Procuraduría esperan que se haga una revisión de lo ordenado por el Gobierno a manos del Alto Tribunal.
“Al respecto, se reitera que los estados de excepción no pueden ser utilizados por el Gobierno Nacional para «eludir la potestad que tiene el Congreso para dictar leyes’ o el cumplimiento de los fallos judiciales», concluye la Procuraduría.
