Libardo Yanod Márquez Aldana presentó su renuncia irrevocable como superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia, cargo para el que fue designado por el presidente Gustavo Petro hace apenas 10 meses.
Vale decir que su gestión estuvo marcada por cuestionamientos de actores del sector energético, quienes señalaron su falta de conocimiento técnico, limitadas capacidades para el ejercicio del cargo y frecuentes ausencias.
En una carta dirigida al presidente Petro, Márquez agradeció la designación y la oportunidad de participar en un gobierno que describió como “caracterizado por su liderazgo progresista”.
Sin embargo, justificó su salida argumentando que muchas de las políticas y decisiones recibidas por el Ejecutivo carecían de efectividad, debido –según dijo– a largos periodos de “adormecimiento del sentido de lo público” y a una orientación hacia intereses empresariales que, a su juicio, priorizan la captura de rentas antes que el fortalecimiento del trabajo y la productividad.
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El funcionario señaló que la permanencia en un gobierno expuesto a crisis recurrentes, especialmente por la confrontación entre gobierno y oposición, dificultaba la consolidación de sus objetivos. Destacó que en su gestión impulsó el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación para mejorar el sistema único de información y optimizar los procesos de inspección, vigilancia y control.
También afirmó que se avanzó en la implementación de nuevos aplicativos que permitirán a los usuarios obtener respuestas más rápidas a sus peticiones y reclamaciones, así como en el rediseño de medidas de control e imposición de sanciones. Entre sus logros, mencionó la apertura de casos contra empresas infractoras y la agilización de obras e inversiones en compañías intervenidas, incluyendo la solución integral para Air-e.
Pese a estas afirmaciones, su breve paso por la Superintendencia estuvo rodeado de críticas. Voceros y expertos del sector energético advirtieron que su nombramiento carecía de sustento técnico y que sus ausencias al frente del cargo afectaron el seguimiento y control sobre problemas estructurales en los servicios públicos.
Varios actores del sector fueron más tajantes y aseguraron que Márquez Aldana se va “sin pena ni gloria”, pues –según ellos– se caracterizó por no hacer mucho durante su gestión y por mantener un bajo perfil en decisiones clave para el sector.
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La renuncia deja vacante un puesto clave para la vigilancia de las empresas de energía, gas, acueducto y alcantarillado, en un momento en el que el país enfrenta retos por la calidad y continuidad del servicio, así como por las tensiones regulatorias con operadores privados y públicos.
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