A cinco meses de la tragedia que puso en cuidados intensivos las obras de la que sería la principal hidroeléctrica del país, Hidroituango, las Empresas Públicas de Medellín (EPM) –a cargo del megaproyecto– acaban de realizar una serie de confesiones ante el Congreso, que hoy llevará a debate la crisis.
EPM remitió un informe a los citantes sobre lo ocurrido y la primera confesión que hacen sus voceros es que pactaron un millonario pago para acelerar las obras, que ya llevaba retrasos superiores a los 20 meses.
En efecto, Germán Alberto Orozco, gerente (e) de Relaciones Externas de EPM, admite que los directivos de la empresa le prometieron al consorcio constructor el desembolso de 70.000 millones de pesos si lograban poner a funcionar Hidroituango a finales del 2018.
El plan de aceleración contemplaba tres aspectos clave: jornadas de trabajo de 14 horas diarias; adquisición de equipos adicionales y acciones complementarias de construcción.
Si no se lograba la meta, no se desembolsaría un solo peso y se entraría a una renegociación.
Pero admiten que los cálculos les fallaron y ahora EPM requiere con urgencia de al menos 3 billones de pesos para culminar la megaobra, cuyas demoras están poniendo en aprietos de suministro de energía a todo el país, al menos a mediano plazo.
Las firmas Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A., Constructora Conconcreto S.A. y Coninsa Ramón H. S.A., que conforman el consorcio CCC Ituango y EPM realizaron estos acuerdos tras analizar las demoras iniciales de la obra. De hecho, se admite que el río Cauca se tenía que desviar en enero del 2013, pero que eso no se pudo hacer por algo que hasta ahora no era del todo claro.
En su mea culpa, EPM revela que fue “debido a algunos problemas originados en el proceso de adquisición de predios”, un tema del resorte absoluto de la empresa.
Sin embargo, en este acápite también menciona que influyeron condiciones climáticas adversas, demoras en la construcción de las vías de acceso, problemas de orden público y dificultades constructivas”, que no detalla en sus respuestas a los congresistas.
Ante este panorama hostil, dicen que se tomó la decisión de realizar la desviación del caudal casi un año después de lo inicialmente previsto modificando los cronogramas iniciales.
En este se incluyeron obras adicionales que permitieran cumplir con la nueva meta de entrega, que tenía como fecha límite agosto del 2018. Dichas acciones alternativas se conocieron como Galería Auxiliar de Desviación (GAD).
Y esa parece ser la génesis de uno de los aspectos más criticados del megaproyecto, pues dio origen a la construcción un nuevo túnel de desviación del caudal –alterno a los dos ya en ejecución– sin que se hubiera terminado la presa.
“Dichas modificaciones fueron implementadas para evitar un atraso adicional del proyecto dada la complejidad que se encontró en el portal de entrada de los túneles de desviación originales, la cual ocasionaba desafiantes retos de ingeniería para la materialización de las excavaciones a cielo abierto inicialmente consideradas (…)”, asegura EPM.
El informe de EE. UU.
“El potencial riesgo de no poder construir los pórticos que alojarían las compuertas de desviación que permitirían, una vez cerradas, dar inicio al llenado del ambiente”, revela el informe de EPM sobre la crisis de Hidroituango que este miércoles, en la plenaria de la Cámara, será objeto de un debate de control político.
De hecho, como preámbulo al debate, EPM le envió a la Fiscalía información relacionada con el sistema de desviación del proyecto, y específicamente con el trámite de la modificación de la licencia ambiental para la construcción del sistema auxiliar de la presa.
Este es uno de los puntos que revisa la Fiscalía que asumió el caso cuando reventó la crisis.
En otras de las revelaciones que le hace EPM al Congreso, se confirma que el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos realizó un estudio de la crisis desatada el 28 de abril, por petición del Gobierno Nacional, pero aclara que solo tiene una copia y que el Ministerio de Defensa lo rotuló como confidencial, por eso manifestó que no podía ser enviado con el resto de la información solicitada para el debate.
Algunos sectores insistirán en que dicho informe le sea revelado al país.
Por otro lado, EPM admite que la obra no podrá ser entregada antes del 2021, por lo que tendrá que realizar millonarias inversiones adicionales hasta ahora desconocidas.
“Con la información disponible a la fecha, el valor de la inversión adicional requerida para terminar el proyecto asciende a 1,6 billones, más 1 billón por gastos financieros capitalizados”, precisa el documento conocido anticipadamente por este diario.
Finalmente, advierte que ni EPM ni los constructores admiten responsabilidad sobre la crisis desatada, que afectó directamente a 11 municipios vecinos de la obra.
Por eso, para establecer responsabilidades, contrataron un estudio independiente con la firma chilena Skava Consulting. Según se estableció, sus consultores ya están en el terreno. Sin embargo, no hay una fecha límite para que se conozcan las conclusiones de su evaluación.
Por ahora, pobladores de algunos de los municipios afectados reclaman ayudas y soluciones efectivas a la especie de aislamiento al que han sido sometidos por las obras de mitigación de las que está siendo objeto Hidroituango.
(Tomado de El Tiempo)
