El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, considera que el Estatuto de Protección a Migrantes Venezolanos es un “acelerador de la economía” del país. Ese instrumento comienza a operar este miércoles cinco de mayo, fecha en la que se habilitan las inscripciones digitales para las personas que se anotarán en el proceso de regularización.
Esos 1,8 millones de ciudadanos que se desplazaron a Colombia, empujados por la emergencia humanitaria compleja que vive su nación, podrán acceder a ese sistema que les permite resolver su estatus migratorio y entrar en un proceso de integración a largo plazo.
Con el Estatuto de Protección los venezolanos tendrán un documento de identificación que les sirve como canal de acceso al sistema de salud, la educación, que será válido como un documento para iniciar un contrato laboral formal y a través del que el Gobierno identificará a las personas en condición de vulnerabilidad para permitirles ser beneficiarias de programas sociales.
“Las migraciones se traducen en aportes al PIB porque las diferentes culturas desarrollan actividades distintas y complementarias a las que tiene un país. Esto genera una diversidad de negocios y posibilidades que se suman a la economía”, afirmó Juan Francisco Barbosa a Valora Analitik.
Para Ligia Bolívar, investigadora adscrita al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, “el Estatuto de Protección es el primer paso para la integración. Sin embargo, sería insuficiente si no va acompañado por una ecuación en las plataformas mentales, no solo las tecnológicas”.
Bolívar menciona que aún hay venezolanos que no pueden abrir una cuenta bancaria o contratar servicios de internet porque no todas las entidades que prestan esos servicios reciben sus documentos.
“Es hora que la empresa privada empiece a ver a la población venezolana como un mercado cautivo, como una oportunidad y un espacio más de activación de una economía, y que se constituye como parte de la fuerza laboral”, detalló Bolívar.
Estudios de la firma Raddar han evidenciado cómo la migración contribuyó al gasto de los hogares en Colombia. Desde el Departamento Nacional de Planeación, su director Luis Alberto Rodríguez ha resaltado que la inversión en migración “va a tener retornos positivos en el mediano plazo”.
Con la puesta en marcha del Estatuto de Protección Colombia comienza un proceso de diez años, periodo en el que la población de venezolanos podrá resolver su estatus migratorio, integrarse al país y optar por visas que le acrediten como residentes.
Para hacer realidad ese instrumento el Gobierno ha contado con el respaldo de la comunidad internacional, a través de fondos de cooperación, y con la presencia de agencias no gubernamentales que llegaron al terreno para fortalecer las estrategias de integración.
—
