La reforma laboral, vigente en Colombia desde julio de 2025, ha generado especial interés entre los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), debido al impacto que puede tener en sus costos operativos, la sostenibilidad de los negocios y las cargas administrativas. Este nuevo marco normativo plantea transformaciones de fondo en la gestión del talento humano, lo que obliga a las organizaciones a replantear sus estructuras internas y estrategias laborales.
Entre los principales cambios introducidos por la normativa se destacan la reducción de la jornada laboral, el incremento de los recargos nocturnos, dominicales y festivos, y la regulación más estricta sobre la tercerización de servicios. Además, se formaliza la obligación de convertir los contratos de aprendizaje en vínculos laborales y se refuerza el control sobre los procesos de contratación y el pago de aportes a la seguridad social. Estas medidas, aunque orientadas a promover la formalización del empleo, también implican un aumento en los costos laborales y la necesidad de una gestión más eficiente de los recursos empresariales.
Según explicó José Jesús Ramírez, gerente del operador de información miplanilla.com, el principal desafío para las MiPymes consiste en cumplir con las nuevas disposiciones sin comprometer su productividad ni la estabilidad de sus equipos de trabajo. A su juicio, la clave está en anticiparse a los cambios mediante estrategias que integren eficiencia administrativa y sostenibilidad financiera, evitando que la carga normativa se traduzca en una disminución de la competitividad.
Ramírez recomienda a las empresas implementar seis acciones prioritarias: revisar los contratos y políticas internas para asegurar el cumplimiento de la ley; reorganizar los turnos laborales conforme a la nueva jornada; ajustar los presupuestos para asumir el incremento de costos; fortalecer las capacidades del área de talento humano; invertir en herramientas digitales que automaticen los procesos de nómina y reportes; y explorar fuentes de financiamiento que permitan atender las nuevas obligaciones sin afectar el flujo de caja.
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En este último aspecto, el respaldo institucional adquiere especial relevancia. Un ejemplo es la labor de la Caja de Compensación Familiar Compensar, que entre 2023 y 2025 destinó más de 20.000 millones de pesos en créditos empresariales para 429 compañías afiliadas. Estos recursos han contribuido a mejorar la productividad, optimizar los procesos internos y garantizar la continuidad operativa durante la transición al nuevo marco laboral.
Aunque la implementación de la Ley 2466 de 2025 representa un desafío considerable, también abre oportunidades para que las MiPymes fortalezcan su formalización, consoliden una cultura organizacional más sólida y adopten prácticas empresariales modernas.
