Mediante una carta formal, Jaime Araújo, expresidente de la Corte Constitucional y actual aspirante a la Presidencia de la República, presentó una solicitud a la Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin de que se garantice la disponibilidad de recursos, el cumplimiento del calendario electoral y la logística necesaria para llevar a cabo una eventual Asamblea Nacional Constituyente, propuesta por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
En el documento, que fue dado a conocer públicamente, Araújo invoca derechos consagrados en la Constitución y formula una petición dirigida no solo a la Registraduría, sino también al Consejo Nacional Electoral y a las demás autoridades competentes.
El exmagistrado fundamenta su solicitud en el artículo 3 de la Carta Magna, que consagra el principio de soberanía popular, y en el artículo 23, que establece el derecho de petición.
“El ejercicio de los derechos fundamentales de soberanía popular y de petición —consagrados en los artículos 3 y 23 de la Constitución— nos permite, de manera atenta, respetuosa y firme, solicitar a las autoridades competentes, en especial a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral y a los poderes constituidos de la República, que se adopten las medidas necesarias para viabilizar la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente”, señala el texto.
Araújo, quien en el documento destacó que hace parte del Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente Popular, propone que la iniciativa constituyente sea reconocida como de carácter popular y que, en consecuencia, se realicen los ajustes necesarios al calendario electoral vigente para incluir las etapas correspondientes del proceso.
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En ese sentido, solicita que se programen eventos electorales específicos para avanzar en la organización de la Asamblea.
Entre las fechas planteadas por el exmagistrado se encuentran el 8 de marzo de 2026 con la refrendación ciudadana de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, lo que implicaría una consulta popular para determinar si la ciudadanía aprueba o no la iniciativa.
También el 31 de mayo de 2026 para la elección de los delegados constituyentes o de los miembros de un eventual órgano colegiado, en caso de que la refrendación tenga un resultado favorable.
En su carta, Araújo insiste en la necesidad de que las autoridades dispongan de los medios técnicos, logísticos, materiales y organizativos requeridos para garantizar que este proceso democrático pueda llevarse a cabo en condiciones de legitimidad y transparencia.
Además, resalta que la participación ciudadana directa en asuntos de especial trascendencia para el país es un derecho fundamental y una expresión de la soberanía popular que debe ser respetada y facilitada por las instituciones del Estado.
Por ahora, se espera una respuesta formal por parte del registrador nacional Hernán Penagos Giraldo, a quien fue dirigida la solicitud principal.
