La situación financiera del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) es estable, pese a un aplazamiento de inversiones como consecuencia del retraso de la entrada de la operación comercial de Hidroituango, inicialmente prevista para noviembre de este año.
Así lo señaló el gerente de la entidad, Mauricio Pablo Tobón, al mencionar que está respaldada en otros proyectos, aunque se correrán los tiempos para asignar capital a otras actividades, como el Ferrocarril de Antioquia, cuya prefactibilidad del diseño ya concluyó.
Con un 28 %, la Gobernación de Antioquia concentra la mayor participación accionaria de ese proyecto, le siguen el Idea, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Metro Medellín, con 24 % cada uno.
Incluso, la calificadora de riesgo Fitch Ratings aseguró que los sucesos del proyecto hidroeléctrico Ituango, en que el Idea tiene 50,74 % de la participación, no afectarán las calificaciones nacionales del instituto, que continúa con la calificación AAA.
Además, la Alcaldía de Medellín y EPM sostienen un acuerdo en que 55% de las utilidades se trasmiten al municipio.
Jorge Andrés Tabares, vicepresidente ejecutivo de finanzas corporativas, gestión de riesgos e inversiones de EPM, le dijo al diario La República que la emergencia en la presa no afectará los recursos para Medellín en 2019, ya que la hidroeléctrica solo iba a generar recursos en diciembre, así que su contribución al presupuesto de la ciudad era poco comparada con el resto del portafolio.
Así mismo, Fitch cree que la contingencia no tendría consecuencias sobre el soporte potencial que recibiría, si fuese necesario, del departamento de Antioquia, entidad que también tiene una calificación AAA con perspectiva “estable”.
Sobre EPM
Las demoras en la construcción del proyecto también provocarían una contracción del Ebitda (flujo de caja operativo), además de incertidumbre sobre la severidad de los daños, el surgimiento de retrasos adicionales, la materialización de un evento catastrófico y pasivos contingentes derivados del proyecto, indicó Fitch, que mantiene en observación negativa las calificaciones de ‘AAA (col)’ de emisor a largo plazo y de las emisiones locales de EPM.
La calificación internacional de EPM fue reducida a BBB desde BBB+, ambas con perspectiva negativa.
Así mismo, la agencia calificadora de riesgos Moody’s Investors Service revisó la calificación de EPM y la ubicó en Baa3 desde Baa2. Conserva el grado de inversión internacional.
Dijo además que las calificaciones se han puesto en revisión para una rebaja, en tanto que la perspectiva la cambió a “revisión” desde “negativa”.
No obstante, el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, indicó que toda la solidez financiera de EPM no está sustentada en Hidroituango, que “es o era le mejor alternativa de crecimiento, pero en el presente la compañía está soportada en sus otros negocios”.
Resaltó que a marzo venía presentando buenos resultados, con crecimiento de utilidades cercanos al 20 %.
Ituango fue concebido como el EPM del mañana, “vamos superando la contingencia poco a poco, este proyecto tenía una estructura de financiamiento alta».
Añadió en ese momento, que “afortunadamente” el 60 % se venía desarrollando con financiación de largo plazo, “no es que tengamos que salir mañana a pagar ese compromiso”.
Dijo además que a las calificadoras lo que les preocupa más es cuál es la relación entre cuánto se está generando y cuánta deuda se tiene.
“Seguiremos generando caja. El Ebitda (flujo de caja operativo) del grupo fue de 4,7 billones de pesos el año pasado. Eso no se ha afectado en nada con la contingencia en Hidroituango”, comentó.
Por lo anterior, EPM deberá también aplazar inversiones previstas con las ganancias obtenidas en 2017.
Decidió no comprar Gas Natural, porque “de momento, esa platica la vamos usar para ajustarnos a esta nueva circunstancia. La estabilidad financiera de la empresa no la veo amenazada”, mencionó el directivo.
Para cumplir con sus obligaciones, la administración pidió autorización a la Junta Directiva para hacer inversiones o desinversiones de empresas controladas dentro y fuera del país por hasta 3 billones de pesos.
