El gobierno de Gustavo Petro aprobó a finales del año pasado el programa de enajenación del 32,5 % que la Nación posee en Colombia Telecomunicaciones (Coltel), conocida comercialmente como Movistar.
La decisión contrasta con declaraciones previas del mandatario. En mayo de 2016, cuando era senador, Petro criticó en redes sociales operaciones similares: «(A) la Nación la tumbaron con Telecom, la fusionaron con Movistar, la Nación pasó del 48 % al 30 % de propiedad y tuvo que dar $3,5 billones de capital», escribió en su cuenta de X (antes Twitter).
Detalles de la venta de Coltel
Según el decreto firmado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y la ministra de TIC, Carina Murcia, la Nación enajenará 1.108.269.271 acciones ordinarias de Coltel, equivalentes al 32,5 % del capital suscrito y pagado de la compañía.
El precio fijo por acción se estableció en $772,38. La venta se desarrollará en dos etapas con reglas específicas para cada una.
La primera, con una duración mínima de dos meses, estará dirigida exclusivamente a destinatarios de condiciones especiales: trabajadores activos y pensionados de Coltel, extrabajadores, asociaciones de empleados, sindicatos, federaciones y confederaciones de sindicatos, fondos de empleados, fondos mutuos de inversión, fondos de cesantías y pensiones, cooperativas y cajas de compensación familiar.
Para facilitar el acceso, el decreto establece que la oferta solo iniciará cuando existan líneas de crédito disponibles por al menos el 10 % del valor total de las acciones.
Las personas naturales que adquieran acciones en esta etapa no podrán comprar más de 5.541.347 títulos y el valor de su compra estará limitado a una vez su patrimonio líquido o cinco veces sus ingresos anuales, según el menor monto.
Además, los adquirentes deberán comprometerse a no negociar, enajenar ni dar en pago las acciones durante los dos años siguientes a la compra. El incumplimiento de esta restricción generará multas que van desde el 25 % hasta el 100 % del valor de las acciones, dependiendo del momento en que ocurra la infracción.
Si quedan papeles sin vender en la primera etapa, se procederá a una segunda fase abierta al público en general, tanto nacional como extranjero, incluyendo personas naturales, jurídicas y otros vehículos de inversión.
El precio mínimo en esta etapa será de $772,38 por acción, aunque el decreto contempla la posibilidad de fijarlo en un monto superior según el análisis de mercado.
En esta fase, el pago podrá realizarse en pesos colombianos o en dólares estadounidenses, cumpliendo con las normas cambiarias. El reglamento de la segunda etapa podrá establecer requisitos de precalificación con criterios técnicos, financieros y legales para los interesados.
Justificación y proceso
El Gobierno Petro fundamentó la decisión en documentos Conpes previos, como uno de 2004 que establece que es necesario «enfocar el Estado fundamentalmente a las actividades que se enmarcan dentro de las responsabilidades del Estado Social de Derecho» y que «el sector público se desvincule de aquellas actividades y entidades donde no se amerita su participación».
Por su parte, el Conpes 3851 de 2015 señala que «el Gobierno nacional no debe mantener la propiedad sobre activos que no cumplen con los objetivos de la propiedad estatal, y por tanto, el sector público debe desvincularse de su participación accionaria en dichos activos para enfocar los recursos en inversión social con mayor retorno para la sociedad».
De otro lado, el decreto firmado al cierre de 2026 indica que la sociedad española Telefónica S.A. ejerce control indirecto sobre Coltel, a través de Telefónica Latinoamérica Holding, Latin America Cellular Holdings y Terra Networks Colombia S.A.S. en liquidación.
Así las cosas, por tratarse de una participación minoritaria, la venta «no implica un cambio de control de Coltel» ni afecta «la continuidad en la prestación del servicio».
Con esto en mente, la Comisión Intersectorial para el Aprovechamiento de Activos Públicos (CAAP) recomendó la enajenación en sesión del 10 de noviembre de 2025, mientras que el Consejo de Ministros emitió concepto favorable en su sesión número 33, realizada entre el 17 y el 25 de febrero de 2025.
El programa será dirigido por un Comité Técnico integrado por el viceministro General del Ministerio de Hacienda, el viceministro Técnico de Hacienda, el director General de Participaciones Estatales y un asesor de la Dirección General de Participaciones Estatales.
Además, tendrá una vigencia de un año a partir de la entrada en vigor del decreto, con posibilidad de prórroga por un año adicional. El Gobierno podrá suspenderlo o terminarlo anticipadamente.
OPA de Millicom y la integración del sector
Paralelamente al proceso de enajenación del gobierno, el mercado colombiano recibió el 23 de diciembre una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por hasta el 68,35 % de las acciones de Coltel, equivalente a 2.330 millones de acciones. El rango bajo de la OPA contempla la adquisición de 1.864 millones de títulos (54,68 %), a un precio de US$0,0932 por cada especie.
De ejecutarse la OPA en su totalidad, el costo de la operación podría llegar hasta los US$217,2 millones.
La transacción cuenta con un preacuerdo en el cual se contempla la venta total de la participación de Telefónica en Coltel, correspondiente al 67,5 % de las acciones con derecho a voto.
El comprador es Millicom, la compañía de Luxemburgo que opera la marca Tigo en varios países de América Latina.
No hay que olvidar que Telefónica llegó a un acuerdo con Millicom para la venta de la totalidad de las acciones que ostenta en Coltel. El precio total asciende a US$400 millones y estará sujeto a los ajustes de precio habituales en este tipo de transacciones.
A partir de la publicación del preacuerdo entre Telefónica y Millicom, pasará al menos un mes para la ejecución de la oferta pública de adquisición. La OPA se encuentra sujeta a aprobación por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia y a los trámites correspondientes ante la Bolsa de Valores de Colombia. Valores Bancolombia actuará en la operación por cuenta de Millicom.
En noviembre de 2025, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó la integración entre Tigo y Movistar, dos de los operadores de telefonía móvil más relevantes del país. Millicom anunció en julio de 2024 la intención de compra de Movistar en Colombia (Coltel), una movida que busca dejar a la sociedad resultante como el segundo operador de mayor relevancia en el mercado, después de Claro.
Por otro lado, avanza la venta de las acciones que tiene Empresas Públicas de Medellín (EPM) en UNE EPM Telecomunicaciones (que opera bajo la marca Tigo). EPM posee el 50,00001 % de los títulos de Tigo, mientras que Millicom posee otro 49,98% y tiene preferencia para la compra de estas acciones. La primera etapa de esta enajenación ya se cumplió y el próximo 27 de enero de 2026 finalizará la segunda etapa.
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