El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, le dijo al Congreso de la República este martes que el próximo año no se comprará ni una sola hectárea de tierra. Su intervención hizo parte de la agenda de discusiones en las comisiones económicas conjuntas sobre el proyecto de Presupuesto para 2027.
Aunque el presupuesto de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se reducirá en un 60 % el próximo año, el funcionario aseguró que la medida es necesaria por motivos de peso.
Y es que de la meta original de comprar 3 millones de hectáreas fijada por el gobierno anterior, únicamente se concretó la compra de 350.000 hectáreas por un valor de $3,9 billones. No obstante, según dijo el titular de la cartera, la anterior administración dejó un saldo en rojo: «De esas hectáreas quedaron debiendo $1,4 billones.
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También denunció que se adquirieron predios a los propietarios pagando solo una parte y adjudicando la tierra a comunidades campesinas y étnicas sin registrar los títulos ante las Oficinas de Instrumentos Públicos.
Y reveló que, tras analizar un muestreo inicial de 15 a 20 predios, se detectó que los precios de compra fueron inflados de forma sistemática por encima de los valores reales de mercado.
Por este motivo, el ministro Indalecio Dangond ordenó congelar por completo el desembolso de los $1,4 billones pendientes y abrir una rigurosa auditoría forense en conjunto con la Contraloría General, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación.
«No vamos a girar un solo peso hasta que no verifiquemos que ahí no hay torcidos, que ahí se hizo todo bien», sentenció el funcionario, aclarando que busca proteger a la actual directora de la ANT de procesos penales por negocios que ella no estructuró.
Incluso dijo que seguir comprando tierra carece de sentido financiero en este momento, ya que la cartera cuenta actualmente con un millón de hectáreas «parqueadas» en un fondo sin utilizar. Y agregó que la gran mayoría de las 350.000 hectáreas adjudicadas se entregaron «desnudas», es decir, sin proyectos productivos asociados, sin paquetes tecnológicos y sin acceso a líneas de crédito.
Para solucionar de raíz este problema, el ministro anunció la adopción del concepto de unidad económica mínima bajo la directriz del gobierno del presidente Abelardo del Espriella. Este modelo garantizará que los campesinos no reciban porciones insuficientes de tierra, sino extensiones planificadas técnicamente para asegurar ingresos reales mensuales superiores a los dos salarios mínimos.
El funcionario señaló además que el presupuesto del sector agropecuario de Colombia enfrentará un recorte del 32 % para el año 2027, pasando de los $4,1 billones asignados este año a tan solo $2,7 billones el año entrante, una reducción neta de $1,3 billones.
Según expuso el jefe de la cartera, será necesaria una reorganización profunda en los próximos años para poder ejecutar grandes inversiones a partir del año 2028 y lograr un sector competitivo hacia el año 2030.
Recorte masivo a los contratos por prestación de servicios
Finalmente, con el fin de financiar los proyectos del campo en medio de la estrechez fiscal, el ministro Dangond anunció un recorte masivo en la nómina paralela de la entidad.
Así, el próximo año no se renovarán 10.000 contratos de prestación de servicios (OPS), lo que generará un ahorro inmediato de $540.000 millones para las arcas públicas.
El vocero calificó estas contrataciones innecesarias como un abuso de recursos y dijo que es plata que se les quita a los campesinos.
Por ejemplo, mencionó que la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, con un presupuesto de $64.000 millones asignados para este año, destinó $12.000 millones a nómina fija y $42.000 millones a OPS. Mientras tanto, aseguró que la planificación de cultivos en el país es deficiente, lo que mantiene a las regiones sembrando en lugares erróneos y con índices de productividad estancados en promedio desde hace una década.
Del mismo modo, indicó que de un presupuesto global de $475.000 millones, la Unidad de Restitución de Tierras gastó $30.000 millones en contratos de prestación de servicios que calificó como inútiles.
Ambas entidades, advirtió Dangond, serán sometidas a una «cirugía de liposucción a la grasa burocrática» para priorizar la inversión agraria directa. De hecho, el plan del Ministerio apunta a eliminar hasta 18.000 cargos ineficientes heredados para ahorrar un $1 billón en funcionamiento y trasladar la totalidad de esos recursos de manera directa a la inversión productiva de los campesinos.
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