La situación de las cajas de compensación familiar intervenidas y los cambios previstos para fortalecer la supervisión del sector fueron los principales temas abordados durante el Congreso Nacional de Asocajas 2026, que se realiza en Cartagena con representantes de las 42 entidades del país.
En el encuentro, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, señaló que el Gobierno De la Espriella pretende avanzar en los procedimientos necesarios para que las 11 cajas que actualmente se encuentran bajo intervención puedan recuperar su operación ordinaria antes de que termine el periodo presidencial. La funcionaria precisó que el proceso deberá ajustarse a las disposiciones legales y cumplir los requisitos establecidos para cada entidad.
“Esas 11 cajas intervenidas deben lograr su desintervención antes de que finalice este Gobierno”, afirmó López Fuentes durante el panel de apertura, en el que estuvo acompañada por la superintendente del Subsidio Familiar, Edna María Tafur Mejía.
Proyecto de ley busca fortalecer la vigilancia de las cajas
Otro de los anuncios de la ministra fue la presentación de una iniciativa legislativa destinada a reforzar las facultades de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia del Subsidio Familiar, en cumplimiento de la Sentencia C-298 de 2025 de la Corte Constitucional.
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La propuesta plantea diferenciar las medidas cautelares de las sanciones administrativas mediante criterios definidos. También busca establecer causales objetivas para la adopción de decisiones y garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de las entidades involucradas.
Con estos ajustes, el Gobierno pretende ofrecer mayor seguridad jurídica a las 42 cajas de compensación familiar y establecer condiciones más claras para supervisar la administración de los recursos del sistema, lo que beneficiaría a los trabajadores en Colombia.
Durante el congreso, el Ministerio del Trabajo también destacó la importancia de coordinar acciones con las autoridades competentes y los actores del sector para mejorar el funcionamiento institucional, promover la formalización laboral y proteger los recursos destinados al bienestar de las familias colombianas.
