Para Adriana Guillén, presidenta de Asocajas, el sistema de compensación familiar es «una de las fórmulas más interesantes de redistribución de riqueza» que existen en el país. Cerca de 5.000 empresas grandes y 16.000 medianas aportan casi el 76 % de los recursos del sistema. Ese dinero llega a un número enorme de micro y pequeñas empresas, donde está el 76 % de los afiliados.
«Es un sistema de redistribución muy eficaz, que genera economías de escala muy importantes y que llega a personas con ingresos de menos de cuatro salarios mínimos», explica.
La carga, insiste, no recae en las cerca de 890.000 unidades pequeñas, sino en las grandes y medianas empresas. Estas, a su vez, reciben un descuento tributario que deja su aporte real en cerca del 2,7 %, y no en el 4 % nominal.
Un incentivo para la formalidad
Guillén afirma que la idea de reducir los aportes empresariales no ha prosperado, porque los empresarios han entendido que el sistema funciona como «una zanahoria de la formalidad». Lo que muchas familias podrían recibir en subsidios cruzados en la informalidad lo reciben dentro del sistema en forma de beneficios de salud, educación, vivienda, recreación y cultura.
El modelo tiene raíces europeas. Las asignaciones familiares vienen de los países nórdicos y de Francia, donde se financian con impuestos directos a los ciudadanos. En Colombia, en cambio, el esfuerzo lo hacen los empleadores: «Es una prestación social de origen laboral».
El sistema nació en 1946 y está por cumplir 80 años. Según Guillén, en América Latina no hay nada parecido. En Chile existieron cajas de compensación, pero con el tiempo se convirtieron en una especie de mutuales. Por eso ve con buenos ojos la idea de exportar el modelo, que Asocajas ya ha querido mostrar ante la Organización Internacional del Trabajo.
Las cajas, añade, también innovan. En su congreso anual que se llevará a cabo en Cartagena entre el 23 y el 24 de octubre, que este año se llama «Lo que nos mueve», Asocajas premiará a seis cajas. Entre las experiencias destacadas están un dispositivo para monitorear la salud de la madre y el bebé, que redujo las hospitalizaciones maternas; un programa que conecta a productores rurales con pequeños empresarios, y brigadas que llevan servicios a comunidades alejadas.
Las intervenciones: «la costumbre» del cuatrienio anterior
Guillén no esconde que el sistema salió «muy lesionado» del gobierno del presidente Gustavo Petro. La Superintendencia del Subsidio Familiar, explica, es una especie de policía administrativa que vigila a las entidades privadas que prestan servicios de interés público. Tiene herramientas que van desde la multa, la más suave, hasta la intervención y la liquidación, las más severas.
Según la dirigente, esa facultad de intervenir se usó «de manera un poco arbitraria» y se volvió «una costumbre». Lo más grave, dice, es que no se hacía mediante un proceso sancionatorio en el que las cajas pudieran defenderse, sino con medidas cautelares.
El Decreto Ley 2150 permitía ese camino solo ante un grave riesgo para el patrimonio de la caja o para el servicio. El pretexto, afirma, fue la crisis de la salud: muchas cajas tienen EPS desde la Ley 100 de 1993, y la Superintendencia del Subsidio, no la de Salud, consideró que esos problemas ponían en riesgo sus patrimonios.
En el cuatrienio hubo cerca de 15 cajas intervenidas, y hoy siguen ocho. Guillén menciona casos que «llaman mucho la atención»: Comcaja, la única caja pública, lleva 20 años intervenida; Comfacor (Córdoba), nueve; Comfamiliar Cartagena, siete; Comfamiliar Nariño y Comfamiliar Huila, más de cuatro; y Comfaguajira, Cafaba, Comfiar y Comfenalco Antioquia, tres. Además, denuncia que las intervenciones se prorrogaban por razones distintas a las que las originaron.
El caso de Comfenalco Antioquia le parece especialmente llamativo. La caja liquidó su programa de salud y dejó los remanentes en una fiducia para pagar las obligaciones pendientes, como se hace en estas liquidaciones.
La Superintendencia argumentó que esos recursos debían estar en la caja e intervino. «Lo que pensamos muchos», dice Guillén, es que el objetivo era que el Estado consiguiera la participación que le faltaba para tener la mayoría en la nueva EPS.
Un informe reciente de la Contraloría General de la República, recuerda, concluyó que esas medidas y sus prórrogas fueron excesivas y arbitrarias.
El fallo de la Corte y la esperanza en el nuevo gobierno
Ante esa situación, el gremio demandó la norma que permitía intervenir por casi cualquier causa. En 2025 la Corte le dio la razón: encontró que los parámetros eran excesivamente amplios para una medida tan grave.
Le ordenó al Congreso crear un nuevo procedimiento con causales claras, criterios de proporcionalidad y respeto al debido proceso y al derecho de defensa. El fallo tiene efectos diferidos, así que el Congreso tiene plazo hasta la legislatura que termina en junio o julio de 2027.
Guillén aclara que el gremio no rechaza la supervisión: «El control eleva la calidad de los servicios que prestan las cajas». Pero advierte que, «cuando la arbitrariedad permea una superintendencia y se busca estatizar un sistema a través de la intervención, se vuelve perverso». En esa época, dice, la Superintendencia fue «juez y parte»: administraba, ejecutaba y vigilaba al mismo tiempo, y los interventores actuaron «sin Dios y sin ley».
Por eso tiene la esperanza puesta en el nuevo Ministerio del Trabajo y en la nueva Superintendencia. Espera que sea una entidad técnica y que revise qué hicieron los interventores y a dónde fueron los recursos. Esos recursos, recuerda, son de los trabajadores y sus familias, como lo ha señalado la Corte Constitucional. La meta es «devolverle el brillo» a la Superintendencia y al sistema.
Repensar los subsidios
El sistema también está en plena revisión interna. El aumento del salario mínimo del año pasado hizo que muchas personas de categoría C, con ingresos de entre $5 y $8 millones, pasaran a recibir subsidios. «No puedo decir que estas personas no los necesiten», aclara Guillén, «pero el grueso de nuestros afiliados gana entre 1,5 y dos salarios».
Por eso Asocajas estudia refocalizar los subsidios hacia la población de menores ingresos, o hacia los adultos mayores sin pensión que dependen económicamente de un trabajador afiliado y hoy reciben la cuota monetaria.
Guillén propone que esa cuota pueda sumarse al pilar solidario de la reforma pensional. A esto se suma el cambio demográfico: la natalidad baja y la esperanza de vida sube, lo que obliga a revisar a quién llegan los beneficios.
Las cajas sostuvieron la vivienda social
La vivienda es uno de los frentes donde más se nota el sistema. Durante los tres años en que estuvo suspendido el programa Mi Casa Ya, «las cajas mantuvieron el segmento de compra de vivienda nueva VIS y VIP», asegura Guillén.
Cada año entregan en promedio entre 55.000 y 60.000 subsidios, por cerca de 1,8 billones de pesos. Según ella, los gremios y los gobiernos locales «aprendieron a trabajar un poco sin el gobierno central».
Ahora el Gobierno quiere recuperar ese esquema con el programa Mi Casa Milagro. Incluirá compra de vivienda nueva, mejoramiento, arrendamiento y construcción en sitio propio, con una novedad: el subsidio de la Nación podrá sumarse al de las cajas y al de los municipios.
«El cierre financiero se hace más pequeño» y bajan los desistimientos, explica. La propuesta base la trabajaron durante un año Camacol, Asobancaria y Asocajas, y se la presentaron al ministro de Vivienda casi el mismo día en que se posesionó.
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Medio billón para la reconstrucción
El sistema también se ha volcado a atender el desastre que golpeó a 15 departamentos hace un mes. No es la primera vez: las cajas participaron en la reconstrucción de vivienda tras el terremoto del Eje Cafetero, con el FOREC, y durante la pandemia ayudaron a crear el subsidio al cesante, que todavía existe.
Esta vez, junto con el Ministerio de Vivienda, construyeron una propuesta con la que las cajas aportarían cerca de medio billón de pesos durante tres años. Los recursos saldrán de un porcentaje del Fovis y se destinarán a subsidios de reparación, reconstrucción y arrendamiento en las zonas afectadas.
Para arrancar hay entre 70.000 y 100.000 millones ya disponibles. El proyecto de decreto de emergencia, que aún no ha sido expedido, elimina los requisitos habituales: se podrá recibir el subsidio, aunque ya se haya recibido uno antes o se sea propietario, y se podrá combinar arrendamiento con construcción.
Podrán acceder las personas inscritas en el registro único de damnificados que demuestren los daños sufridos. Primero se atenderá a los trabajadores afiliados y luego, mediante la llamada «tercera prioridad», a personas no afiliadas. Además, un decreto del Ministerio del Trabajo prevé que las cajas transfieran cerca de 200.000 millones para apoyar a los trabajadores independientes que perdieron sus negocios.
El terremoto también golpeó al propio sistema. Comfamiliar Risaralda perdió su sede administrativa y su clínica, un centro cardiovascular clave para el departamento. Como la clínica no es pública y las cajas no pueden destinar esos recursos a infraestructura de salud, se creó la fundación Incondicionales con Risaralda. Guillén hace un llamado a donantes y empresas para que se sumen, incluso a través de obras por impuestos.
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