El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0121 del 30 de enero de 2026, mediante el cual se amplía la planta de personal del Ministerio de Salud y Protección Social.
Según el decreto, la decisión cuenta con el aval presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el concepto favorable del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, requisitos previos para cualquier ajuste en la estructura de personal del Estado.
No obstante, una lectura detallada del articulado revela un movimiento mixto en la planta. En el artículo 1 se ordena la supresión de 617 empleos, mientras que en el artículo 2 se crean 1.068 nuevos cargos, lo que, en términos netos, representa un incremento de 451 empleos en la planta del Ministerio.
Desde el Ejecutivo se ha señalado que este tipo de medidas buscan fortalecer la capacidad institucional del sector salud, mejorar la provisión de los servicios y avanzar en la formalización laboral. Sin embargo, el anuncio llega en medio de una crisis fiscal y críticas al Gobierno por no reducir los costos.
La nueva norma se justifica bajo la “necesidad de formalizar el empleo público e condiciones de equidad, mediante criterios meritocráticos y con vocación de permanencia”. Además, se lee: “El 10 % de los empleos derivados de mofificaciones de las plantas de personal no se exigirá experiencia profesional para el nivel profesional, con el fin de viabilizar la vinculación al servicio público de los jóvenes entre 18 y 28 años”.
Valora Analitik le preguntó a la cartera por estos nuevos cargos, pero no recibió respuesta.
Los ruidos en el Ministerio de Salud
Además, en la cartera de Salud hay tensiones internas. En los últimos días comenzó a tomar fuerza una versión que sacude a la Superintendencia Nacional de Salud, Bernardo Camacho por una pelea que habría tenido con el Ministerio de Salud.
En el centro de esa pugna aparece Beatriz Gómez Consuegra, superintendente delegada para prestadores de servicios de salud y esposa del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.
Fuentes de alto nivel consultadas por este medio aseguran que los choques entre Camacho y Gómez no son nuevos y responden a diferencias profundas sobre el control y las decisiones dentro de la entidad.
“Camacho tiene su carácter y a la esposa del ministro no le gusta que le pongan límites ni controles dentro de la Superintendencia”, señaló una de las fuentes. Según esta versión, cuando alguna decisión no le resulta favorable, Gómez acude directamente a su esposo, el ministro de Salud, para presionar cambios o exigir actuaciones al despacho del superintendente.
El antecedente más claro de esta tensión, según las mismas fuentes, se remonta a la salida del exsuperintendente Giovanny Rubiano, quien —afirman— mantuvo distancia del Ministerio y estableció controles claros frente a la delegada. “Rubiano puso límites y eso no cayó bien”, relatan.
El ruido alrededor de Gómez Consuegra no es menor. Desde su llegada al cargo, su nombre ha aparecido en denuncias públicas, investigaciones periodísticas y actuaciones disciplinarias que advierten sobre posibles presiones indebidas, conflictos de interés y extralimitación de funciones.
Incluso el representante Andrés Forero pidió que el ministro explique por qué nombró a una funcionaria declarada insubsistente en la Superintendencia y luego el director de la entidad la retiró del cargo: “¿Fue por Maicao? Lo cierto es que esta amiga de la esposa del ministro lo hizo pelear con el Súper”, escribió Forero.
