A pocos días de que el Gobierno Nacional cumpla sus cien días de gestión, la vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez, y la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, presentaron las políticas que darán un nuevo rumbo a los megaproyectos de cuarta generación.
Orozco aseguró que las situaciones que afectan a los proyectos 4G se relacionan con cuestiones de cumplimiento de las competencias de órganos de las ramas del poder público o de su coordinación y con la definición de posturas de las entidades del sector transporte, incluida la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), respecto de materias o situaciones que surgen en el desarrollo de los correspondientes contratos.
El nuevo marco es el resultado de un trabajo concertado, mediante un diálogo con los actores del sector, y de las mesas técnicas desarrolladas en conjunto con la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), en la que se trataron los cierres financieros y problemas sociales y ambientales de los proyectos 4G.
Ramírez aseguró que para desembotellar algunos de estos proyectos se ha creado una Comisión Intersectorial de Infraestructura con carácter decisorio, que priorice temas ambientales, prediales, de consulta previa, servicios públicos.
También se creará un comité de regularización contractual en la ANI.
Infraestructura con transparencia
Se creó un mecanismo de transparencia a través de una plataforma informática llamada GPI (Gestor de Proyectos de Infraestructura) para que los ciudadanos puedan hacer seguimientos, comentarios o advertencias de todas las obras o en la que tengan especial interés.
Esta herramienta tecnológica, a la que se accede desde la página https://gpi.mintransporte.gov.co/, permite recolectar, almacenar, procesar y optimizar el flujo de información en cada uno de los departamentos donde se están realizando las obras.
“De esta manera cualquier ciudadano podrá supervisar el estado actual de los proyectos, las inversiones realizadas y sus avances”, precisó la vicepresidente.
Las veedurías regionales son otra herramienta adicional para que la comunidad pueda hacer vigilancia de las obras.
Son siete veedurías instaladas en Villavicencio, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Ibagué, Medellín y Cali.
El Gobierno propuso las anteriores regiones como lugares de instalación, pero el seguimiento se podrá realizar en cualquier parte del territorio.
Diagnóstico de las 4G
El documento presentado contiene una descripción de los proyectos 4G, el cual incluye 30 concesiones viales y cada una de sus etapas: pre-operativa, operativa y mantenimiento y reversión.
Además, están consignadas las situaciones particulares que influyen en la ejecución de cada uno, como el Reconocimiento de Eventos Eximentes de Responsabilidad (EER), en el cual si bien el contrato los prevé, en muchos casos no hay unidad de criterios entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el interventor y el concesionario en cuanto a (i) procedimiento, (ii) elementos de los EER, (iii) términos para notificación, (iv) tratamiento de hallazgos arqueológicos, (v) tratamiento de tiempos relativos a gestión predial, ambiental y de redes, entre otros.
Otro de los ejes que contempla el análisis de los expertos sobre los proyectos 4G tiene que ver con la gestión predial, el cual comprende entre otros aspectos, (i) la investigación técnica, jurídica, física y socioeconómica del inmueble objeto de adquisición y (ii) las actividades necesarias para iniciar y culminar la adquisición del predio, sea por enajenación voluntaria o por expropiación.
La revisión de las 4G también dejó en evidencia que, por ejemplo, la expropiación judicial está tomando más tiempo de los legales, mientras que por la vía administrativa el mecanismo casi no ha sido utilizado.
También se encontró que existen predios sin antecedente registral (tiempos adicionales que se requieren para lograr titularidad a nombre de la nación sumado a falta de capacidad institucional por parte de entidades).
A estos factores también se suman la informalidad de la titularidad de inmuebles (falsas tradiciones, sucesiones ilíquidas, medidas cautelares); invasiones en el derecho de vía; cambios de diseño; desenglobe catastral; inconsistencias en avalúos comerciales corporativos; presencia e interferencia de redes; predios con problemas de titularidad por parte de Invías y otras entidades como el Fondo Vial y predios baldíos con ocupación.
Temas transversales
Existen otros temas que se han tenido en cuenta como la gestión y traslado de redes: redes no evidenciadas de servicios públicos, de petróleo, del sector de tecnología y comunicaciones; que implican demoras adicionales.
Los expertos también tuvieron en cuenta quién deberá asumir los costos de protección o traslado; oposición de comunidades; paro de camioneros, bloqueos, daños a infraestructura, quema de maquinaria, amenazas, asesinatos, extorsiones, entre otros.
Hay que anotar que la nueva política diseñada para dar un nuevo empujón a las 4G tendrá una segunda fase en la que se revisarán caso a caso las modificaciones contractuales que sean requeridas y se presentarán las soluciones transversales que viabilicen proyectos, con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación.
