El Gobierno Nacional no se resigna a perder dos de sus principales apuestas legislativas y anunció que convocará al Congreso a sesiones extraordinarias para intentar salvar los proyectos de ley de Jurisdicción Agraria y el que busca recrear el Ministerio de la Igualdad. Sin embargo, desde la oposición ya surgieron advertencias sobre la viabilidad jurídica de esa decisión.
La Presidencia de la República informó que, aunque este 20 de junio concluye la legislatura ordinaria, expedirá un decreto para llamar al Congreso a sesiones extras e incluir en la agenda ambas iniciativas, que no alcanzaron a completar su trámite antes del cierre del periodo legislativo.
La decisión abrió un nuevo frente de controversia. La senadora Paloma Valencia aseguró que el Gobierno carece de facultades para convocar sesiones extraordinarias con el propósito de continuar la discusión de estos proyectos.
“El Gobierno no puede convocar a sesiones extras después del 20 de junio. La Corte Constitucional fue clara en la Sentencia C-133 de 2022 que tumbó el Código Electoral: la legislatura finaliza el 20 de junio.
Después de la segunda legislatura ningún proyecto puede ser discutido, ni siquiera en extras”, afirmó la congresista.
Según Valencia, la situación es especialmente compleja para la Jurisdicción Agraria porque el proyecto ya cursaba su segunda legislatura. En el caso del Ministerio de la Igualdad, sostuvo que la iniciativa tampoco podría continuar porque no superó el primer debate durante la primera legislatura, requisito exigido por la Constitución para mantener vivo el trámite. “Lo que quieren hacer es ilegal y viola la Constitución, la ley y la jurisprudencia”, agregó la senadora.
La ley de Jurisdicción Agraria era una de las principales prioridades del Gobierno para reglamentar la Jurisdicción Agraria y Rural creada mediante reforma constitucional.
La iniciativa buscaba definir las competencias de los jueces especializados encargados de resolver conflictos relacionados con la tierra, la propiedad rural y el acceso a la justicia en las zonas rurales del país.
Pese a los esfuerzos del Ejecutivo para destrabar la discusión y a la aceptación de modificaciones en algunos de los artículos más controvertidos, el proyecto permaneció durante semanas atrapado en la agenda legislativa y no alcanzó a ser votado antes del cierre de las sesiones ordinarias.
El representante a la Cámara Gabriel Becerra responsabilizó a la oposición por impedir el avance de la iniciativa, pese a los cambios introducidos durante la negociación.
El futuro del Ministerio de la Igualdad
El segundo proyecto que el Gobierno busca rescatar es el que pretende recrear jurídicamente el Ministerio de la Igualdad, entidad que fue liderada inicialmente por la vicepresidenta Francia Márquez.
La iniciativa surgió después de que la Corte Constitucional declarara inexequible la ley que creó el ministerio debido a vicios de trámite durante su aprobación en el Congreso.
Aunque el alto tribunal permitió que la entidad continuara operando de manera temporal hasta junio de 2026 para evitar un vacío institucional, también abrió la puerta para que el Gobierno corrigiera los errores mediante una nueva ley.
No obstante, el proyecto nunca logró avanzar significativamente en el Congreso y permaneció estancado en las primeras etapas del trámite legislativo.
Ahora, el Ejecutivo intentará utilizar las sesiones extraordinarias para dar una última oportunidad a ambas iniciativas. Sin embargo, la discusión podría trasladarse del escenario político al jurídico, ante los cuestionamientos sobre si el Congreso tiene o no competencia para continuar estudiando proyectos que no completaron su trámite antes del cierre de la legislatura.
