La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó, mediante un comunicado, que interpuso una demanda ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con el objetivo de anular la resolución que habilitó la prórroga del contrato de Grupo Portuario en el muelle 14 de Buenaventura.
De acuerdo con la entidad, se hizo un análisis jurídico y, según este, la norma fue expedida “sin cumplir varios requisitos legales fundamentales en los ámbitos portuario, ambiental y administrativo”.
En ese sentido, la ANI señaló que la aprobación de la modificación no respetó una condición previa impuesta por su propia Vicepresidencia Jurídica, que señalaba que debía hacerse la reversión efectiva del muelle 13 de Buenaventura al Estado.
Está infraestructura, según la entidad, es “esencial para la operatividad del puerto y resulta determinante para sustentar cualquier ajuste contractual”.
“La ANI identificó que la resolución fue expedida sin que se acreditara la disponibilidad efectiva del muelle 13, condición jurídica previa e ineludible para avanzar con la modificación solicitada”, explicó un vocero de la entidad.
Adicionalmente, la Agencia advirtió que no se obtuvo la aprobación definitiva de diversas autoridades ambientales competentes, lo cual representa un riesgo significativo para el ecosistema del puerto de Buenaventura.
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La entidad también destacó que continuará utilizando los mecanismos jurídicos disponibles para asegurar que los contratos de concesión se ajusten a los principios de transparencia, legalidad y responsabilidad que rigen la función pública.
¿Por qué es la disputa en torno al muelle 13 de Buenaventura?
En Buenaventura, el proceso de reversión del contrato de concesión continúa generando implicaciones jurídicas e institucionales. El conflicto se agudizó a raíz de la decisión adoptada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en diciembre de 2023, cuando inicialmente aprobó la renovación del contrato de concesión al Grupo Portuario S.A., pero cinco días después revocó dicha autorización sin presentar argumentos técnicos concluyentes.
Tras esta revocatoria, el Grupo Portuario interpuso una demanda y obtuvo una decisión favorable en primera instancia, lo que derivó en la suspensión provisional de la resolución que impedía la renovación contractual.
No obstante, el Consejo de Estado desestimó la acción judicial presentada por la empresa al considerar que este tipo de controversias contractuales debe tramitarse mediante acciones como la nulidad y no a través de tutelas constitucionales.
En paralelo, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el entonces ministro de Transporte, William Camargo, y otros altos funcionarios del Gobierno por presuntas irregularidades en el proceso de reversión de la concesión. Según la entidad, los implicados habrían incurrido en una “falsa motivación”, al sustentar la decisión en supuestos riesgos ambientales sin contar con respaldo técnico ni jurídico.
Actualmente, con esta nueva demanda interpuesta por la ANI, y se espera el pronunciamiento definitivo de la justicia sobre la legalidad de las actuaciones relacionadas con la concesión en el puerto de Buenaventura.
