La Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) publicó un decreto que actualiza el régimen de funcionamiento y seguridad para las cooperativas de ahorro y crédito del país. Texto disponible al final de este artículo.
Esta medida, de acuerdo con la entidad, busca fortalecer la confianza en el sector solidario, alineándolo con los estándares internacionales de Basilea III para garantizar que estas entidades sean más resistentes ante posibles crisis económicas.
De hecho, la nueva norma no aplica a todas las entidades por igual, sino que segmenta la regulación según el tamaño y la capacidad de las organizaciones. El enfoque principal está en las cooperativas de categoría plena (las más grandes) e intermedia, exigiéndoles mayores niveles de solvencia y mejores herramientas para gestionar sus riesgos.
El decreto actúa como un manual de seguridad actualizado que obliga a las cooperativas a tener una reserva de dinero (patrimonio técnico) más robusta y de mejor calidad, con el fin de que, ante cualquier problema financiero o pérdida inesperada, la cooperativa tenga recursos propios suficientes para responder y proteger los ahorros de sus asociados sin ponerse en riesgo.
Cambios en el fondo de emergencia
El decreto también actualiza el fondo de liquidez para las cooperativas de categoría plena. Este fondo es, esencialmente, una reserva de dinero en efectivo y activos muy seguros que la cooperativa debe mantener disponible para devolver los ahorros a los socios cuando estos lo soliciten.
La novedad es que ahora se reconoce que no todos los ahorros se retiran al mismo tiempo. Para los ahorros que la gente puede sacar en menos de 30 días, la cooperativa debe guardar un 10 % y para ahorros a más largo plazo (entre 31 y 540 días), el requisito baja al 5 %. Esto permite un manejo más eficiente del dinero sin descuidar la disponibilidad de efectivo para los usuarios.
Además, con el fin de reducir la burocracia y hacer la administración más ágil, el decreto suprime el comité interno de administración del riesgo de liquidez. Sus funciones ahora serán asumidas por el comité de riesgos general de la organización, evitando duplicidad de tareas y permitiendo una vigilancia integral de todos los peligros financieros en un solo lugar.
Para ejecutar estos cambios, el Gobierno ha establecido un régimen de transición de 42 meses (tres años y medio) para que todas las entidades ajusten sus procesos y cumplan con los nuevos requisitos de seguridad. Por su parte, la Superintendencia de la Economía Solidaria tendrá dos años para emitir las instrucciones técnicas detalladas que guiarán este proceso.
Consulte el decreto aquí
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