Por los actos de corrupción transnacional cometidos en Colombia y reconocidos por el grupo empresarial Odebrecht, la Vicepresidencia de la República y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitaron a la Superintendencia de Sociedades imponer a las compañías que integran ese grupo la inhabilidad para contratar por 20 años con el Estado colombiano.
La sociedad Odebrecht S.A. ha causado al país perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, más el daño ético y moral, corrompiendo diferentes niveles de la administración pública. Colombia cuenta con diferentes instrumentos jurídicos como la Ley 1778 de 2016 de soborno transnacional, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y la Convención Anticohecho de la Ocde, por lo cual la Vicepresidencia y la Andje solicitan a la Superintendencia a que adelante todas las actuaciones pertinentes para sancionar a las empresas que conforman el grupo empresarial Odebrecht.
La sociedad colombiana Constructora Norberto Odebrecht S.A. ha propuesto a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a otras entidades la celebración de un “Acuerdo de Reparación Integral”, mediante el cual la compañía responsable de graves actos de soborno y corrupción, ofrece una compensación económica por los perjuicios generados por los delitos cometidos contra la moralidad pública, a cambio de que el Estado retire todos los procesos legales y administrativos en su contra y le permita volver a contratar con el Estado.
La Vicepresidencia de la República y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, así como otras entidades, han rechazado esta solicitud pues resulta legal y moralmente inaceptable.
El Gobierno Nacional cree que «no puede ni debe el Estado colombiano subsanar las graves faltas penales y éticas de un contratista con la simple compensación monetaria. Aceptar un acuerdo de compensación económica a cambio de subsanar el daño moral y material causado a la Nación con los actos de corrupción resultaría ser un incentivo perverso para que se continúen cometiendo este tipo de actos».
De acuerdo con la Vicepresidencia «permitir que una empresa que organizó con pleno conocimiento corporativo graves actos de soborno y corrupción transnacional vuelva a participar en licitaciones o concursos públicos en Colombia, resultaría ser un acto contra las empresas honestas y cumplidoras de la ley y un pésimo mensaje para los colombianos honrados».
