El Ministerio de Hacienda continúa publicando comunicaciones para aclarar los alcances del polémico proyecto de decreto que modificaría el mecanismo de medición del deslizamiento del salario mínimo en el sistema pensional.
El documento, conocido en primicia por Valora Analitik, generó dudas y alertas en gremios y actores del sector.
Hace un par de días, la cartera sostuvo que la propuesta no afecta a los pensionados de Colpensiones, sino que aplica únicamente a los fondos privados (RAIS).
Ahora, en su nueva aclaración, Hacienda insiste en que esta mini reforma no exige mayores aportes de capital a los futuros pensionados y que su propósito es fortalecer la sostenibilidad financiera del mecanismo que cubre el riesgo asociado a incrementos del salario mínimo superiores a la inflación.
El Ministerio recalcó que el proyecto no obliga a los afiliados a reunir más capital para acceder a pensiones de invalidez o sobrevivencia, como habían advertido algunos sectores, y sostuvo que la medida busca ajustar el funcionamiento del esquema sin generar cargas adicionales para los trabajadores.
Según Hacienda, el proyecto tiene tres objetivos centrales dentro del régimen de ahorro individual administrado por los fondos privados: actualizar el mecanismo de cobertura del riesgo asociado a incrementos del salario mínimo por encima de la inflación en las pensiones que están a cargo de las aseguradoras, modificar la forma de pago de esa cobertura para proteger la sostenibilidad fiscal, y simplificar los trámites para su reconocimiento.
El Ministerio recordó que la prima que cubre este riesgo es asumida por las aseguradoras y está definida en la ley (en promedio, 2,6 % de las cotizaciones), una cifra que en 2024 representó un costo de $5,22 billones.
Además, señaló que, aunque la Ley 1328 de 2009 facultó al Gobierno para crear un mecanismo que mitigara estos riesgos, no estableció que la Nación debiera asumirlos en su totalidad. El esquema actual, creado en 2015, ha girado cerca de $2,2 billones desde su puesta en marcha, incluyendo alrededor de $1 billón en 2025, y en 2026 se estima un giro de $1,8 billones.
La entidad explicó que, debido a las condiciones fiscales actuales, el Gobierno considera necesario revisar la forma en que opera el mecanismo, con el fin de garantizar su sostenibilidad y asegurar la existencia de reservas para el pago de futuras rentas vitalicias.
Respecto a las pensiones de vejez, aclaró que aunque el salario mínimo afecta el capital necesario para financiar una renta vitalicia, cuando la persona no alcanza ese capital la diferencia es cubierta por el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, lo que hace que el impacto fiscal sea neutro y la protección del afiliado se mantenga.
Sobre las rentas vitalicias, el proyecto de decreto indica que el nuevo parámetro solo aplicará para contratos suscritos a partir de 2027, que corresponden a unas 10.000 operaciones anuales. Por ello, reiteró Hacienda, la medida no afecta a los cerca de 20 millones de trabajadores afiliados al sistema.
La mirada de fondos y aseguradoras
El Gobierno manifestó su intención de sentarse a discutir la propuesta y Fasecolda y Asofondos hicieron nuevamente un llamado ha abrir mesas técnicas “en la que podamos mostrarle la gravedad de las consecuencias que, sobre los trabajadores colombianos, los futuros pensionados, tendría la expedición del decreto mencionado. Como se ha divulgado en días pasados, dicho cambio reglamentario implica”, dicen los gremios.
Las agremiaciones del sector pensional advierten que, aunque el Ministerio de Hacienda afirma que el proyecto de decreto no incrementa el capital requerido para acceder a pensiones de invalidez y sobrevivencia, en la práctica la modificación elevaría de forma significativa el costo de los siniestros que debe cubrir el seguro previsional. Esto llevaría a que la prima del seguro supere el límite legal del 3 %, lo que, según los gremios, haría inviable su aseguramiento y pondría en riesgo la protección que hoy beneficia a cerca de 20 millones de trabajadores.
En materia de pensiones de vejez, reconocen que existe el Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM) para quienes no alcanzan el capital necesario y cumplen las 1.150 semanas de cotización. Sin embargo, señalan que actualmente muchos afiliados pueden pensionarse de manera anticipada sin acudir al fondo ni cumplir ese número de semanas, gracias a su capacidad de autofinanciar una renta vitalicia. Con la modificación propuesta, decenas de miles de afiliados tendrían que cotizar más tiempo o aceptar mesadas inferiores a las que obtendrían bajo las reglas vigentes.
Los gremios subrayan que los costos del sistema no desaparecen con un ajuste normativo, sino que se trasladan: una parte recaería sobre el seguro previsional —que se volvería inviable— y otra sobre las personas que buscan pensionarse, quienes tendrían que ahorrar más o recibir menos.
