Las reacciones a los audios de Benedetti continúan. Gremios e inversionistas han manifestado su preocupación. Pero también han hecho un llamado para que la justicia y los órganos de control actúen para dar claridad.
La preocupación radica en las insinuaciones hechas por el ahora exembajador de Colombia en Venezuela respecto a la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro. También en cómo se debería frenar, no de manera provisional, el trámite de las reformas del petrismo en el Congreso.
Investigar los audios de Benedetti
El Consejo Gremial Nacional manifestó su preocupación por el contenido de las recientes revelaciones públicas que insinúan la posible ocurrencia de conductas que afectan la transparencia del proceso democrático y la legitimidad de las instituciones destacando que es necesario que los protagonistas de este escándalo aclaren ante la justicia y la opinión pública el alcance de sus actuaciones.
“Hacemos un llamado enfático a los órganos de control y al poder judicial a realizar las investigaciones pertinentes con celeridad, garantizando la integridad constitucional para que prime la transparencia y el respeto por las instituciones públicas y por los intereses de todos los colombianos”, enfatizó el Consejo Gremial en un comunicado.
Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex, hizo un llamado para que “la institucionalidad colombiana, que es fuerte, ejerza control. La justicia y los órganos de control deben investigar y sancionar, si es necesario. Esa institucionalidad nos permite estar tranquilos”.
En esa línea, María José Bernal, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, también pidió que se avance en dicha investigación, y que se dé “respuesta a los colombianos. No solo por el bien del tejido empresarial, sino también por la democracia para el ciudadano de pie”.
Una de las principales preguntas es sobre la financiación de la campaña de Gustavo Petro. En los audios de Benedetti, publicados por Revista Semana, el exembajador asegura que tiene conocimiento de “todo” lo que pasó durante la campaña, incluyendo las fuentes de dinero. También, que por él llegaron $15.000 millones.
Es por declaraciones de ese calibre que Fabiano Borsato, director de Operaciones de Torino Capital, asegura que “en apenas ocho meses de gestión, la Administración Petro enfrenta su crisis política de mayor calibre”, golpeando el trámite de las reformas.
Un impacto más allá de la Casa de Nariño
Sobre el mediodía de este lunes, 6 de junio, David Racero, presidente de la Cámara de Representantes y aliado de Petro, anunció que se congelará el trámite de la agenda legislativa.
Esto significaría que las reformas, por lo menos la laboral y la pensional, se discutirían en la próxima legislatura. Una que, además, coincide con las elecciones regionales de octubre de 2023.
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Por tanto, Borsato apunta a que “en este contexto, podría escalar el clima de conflictividad política entre el gobierno y el Congreso, así como hacia el resto de los poderes. Lo que se traduciría en un incremento de la volatilidad del tipo de cambio y del riesgo país”.
Ante esta situación, María José Bernal hizo un llamado para que “se frene totalmente la discusión de las reformas tramitadas”. Esto, porque se debe priorizar a “los procesos de manera justa y transparente”.
Aun así, aún falta por conocer cuál será el impacto en las próximas semanas, teniendo en cuenta que las investigaciones podrían traer nuevos descubrimientos.
En ese sentido, Álvaro Humberto Ojeda, vicepresidente global de Negocios de Values AAA Banca de Inversión, apunta a que “hay varios petardos más que van a estallar y que traerán sorpresas que tocarán los negocios y la parte financiera en Colombia, como la inversión. Entrará la duda y la reputación económica colombiana se verá afectada”.
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