La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una sanción histórica de $8.018 millones a cinco clubes del fútbol colombiano y a la Dimayor, tras comprobar la existencia de un sistema anticompetitivo que restringía la libre movilidad de jugadores.
Según la autoridad, Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Deportivo Pasto, Envigado FC y Atlético FC, junto con la Dimayor, diseñaron un mecanismo que desincentivó la contratación y transferencia de futbolistas entre equipos, violando los principios de competencia económica en el fútbol colombiano.
El fallo detalla que el esquema se basaba en intercambio de información sensible entre clubes sobre jugadores específicos, sus contratos, sanciones internas y solicitudes de terminación laboral. Estas comunicaciones, que contaban con conocimiento de la Dimayor, habrían servido para bloquear futuras contrataciones y crear un ambiente de “solidaridad gremial” que, en la práctica, impedía que los futbolistas pudieran negociar libremente con otros equipos.
La SIC identificó tres patrones de conducta que sustentaron la sanción. Primero, la difusión de información laboral privada entre competidores. Segundo, el uso de un “pacto de caballeros” o un supuesto “llamado ético” entre clubes para evitar fichajes. Y tercero, la participación activa de la Dimayor, que validó o transmitió algunas de las comunicaciones, lo que, según el organismo, dio legitimidad a las prácticas anticompetitivas.
Los clubes sancionados y la magnitud del castigo
La SIC impuso sanciones individuales a los seis implicados, sumando más de $8.000 millones. Aunque el fallo no se centra en un solo caso, la autoridad confirmó que el patrón se repitió en varias transferencias de jugadores del fútbol profesional masculino entre 2020 y 2023.
Las instituciones sancionadas son:
- Boyacá Chicó F.C. S.A.
- Unión Magdalena S.A.
- Asociación Deportivo Pasto
- Envigado Fútbol Club S.A.
- Club Deportivo Atlético F.C. S.A.
- División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor)
La SIC señaló que este comportamiento vulneró el artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, que prohíbe acuerdos restrictivos de la competencia, al impedir que los futbolistas pudieran acceder a mejores condiciones salariales o desarrollar sus carreras en clubes de mayor nivel.
Además, advirtió que el intercambio de información sobre situaciones contractuales y disciplinarias equivale a una práctica de exclusión laboral. En otras palabras, un jugador señalado o con conflicto en su anterior club encontraba barreras invisibles para ser contratado por otro equipo, afectando su movilidad profesional y la transparencia del mercado.
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El caso recuerda a sanciones similares impuestas por organismos internacionales en otras ligas. En 2020, por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de México multó a la Liga MX y a 17 clubes con más de 1.500 millones de pesos mexicanos por implementar un “pacto de no contratación” de jugadoras en la Liga Femenil y por limitar salarios.
