Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks, la empresa de consultoría especializada en riesgos globales, presentan el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2022 , una herramienta analítica basada en datos para evaluar la capacidad de los países latinoamericanos para descubrir, castigar y detener la corrupción. Vea más en noticias empresariales aquí
La cuarta edición del índice CCC mostró que la lucha contra la corrupción presentó un panorama mixto en América Latina durante el último año. Algunos países mostraron resiliencia, mientras otros, incluidos los dos países más grandes de la región, México y Brasil, vieron nuevos contratiempos en instituciones clave y en el ambiente anticorrupción en general.
“Para muchos ciudadanos en América Latina, la corrupción ha tomado un papel secundario respecto a otros temas como la inflación y la lucha continua contra el Covid-19″, dijo Brian Winter, vicepresidente de política de AS/COA.
Lanzado por primera vez en 2019, la tercera edición del índice CCC cubre 15 países de América Latina, que juntos representan casi el 92 % del PIB de la región.
En lugar de medir los niveles percibidos de corrupción, el índice CCC evalúa y clasifica a los países según la eficacia con la que pueden combatir la corrupción. Los países con un puntaje más alto se consideran más propensos a ver actores corruptos procesados y castigados.
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Resultados del estudio
Uruguay es el país con el puntaje más alto del Índice CCC 2022 (7.42 sobre 10). A Uruguay le siguieron Costa Rica (7.11), Chile (6.88), Perú (5.66), República Dominicana (5.19), Argentina (5.04) Panamá (4.96), Colombia (4.87), Ecuador (4.82), Brasil (4 76), Paraguay (4.45), México (4.05) Guatemala (3.38), Bolivia (2.57) y Venezuela (1.63).
“En general, la voluntad y capacidad de los gobiernos a través de la región para combatir la corrupción parece haberse estancado contra el contexto de otras preocupaciones más inmediatas”, agregó Geert Aalbers, socio en Control Risks.
El índice CCC analiza 14 variables claves, incluyendo la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir los delitos
