El Ministerio de Hacienda de Colombia dejó en firme un decreto que aumenta las tarifas de autorretención en la fuente para las empresas, a pesar de las advertencias de los expertos que calificaron esta medida de “reforma tributaria encubierta”.
A finales de abril se conoció un proyecto de decreto que, en la práctica, busca que el monto de impuestos que pagarán las empresas por adelantado este año sea mayor que en el pasado para ayudar a aumentar los ingresos públicos, que se anticipa no alcancen la meta trazada por el Gobierno. Ayer el MinHacienda publicó oficialmente la nueva normativa que entrará en vigor el 1 de junio.
“En un acto casi que de desespero para cubrir un severo problema de caja que tiene la Nación, el Gobierno ha decidido traer de forma irresponsable impuestos de 2026 al 2025 en una mayor proporción para gastárselos. Esto va a significar para muchos sectores productivos multiplicar por dos o hasta tres veces la retención en la fuente que habían pagado en el año anterior”, dijo el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.
El centro de estudios económicos ANIF calcula que con esta medida el Gobierno podría recaudar entre $6 billones y $6,5 billones este año. “El Gobierno va a enfrentar una situación difícil por cuenta de esto. Nuestro llamado es a sincerar las cuentas fiscales. Uno quisiera ver una voluntad de recortar el gasto, dado que tenemos un faltante de recursos, y no patear el balón hacia adelante”, señaló el presidente, José Ignacio López.
La mayoría de los analistas se mantienen en que la medida es negativa no solo porque podría derivar en una bomba fiscal para el próximo gobierno, sino porque se consigue dinero a costa del flujo de caja de las empresas. “Exprime su liquidez, las obliga a endeudarse y pone en riesgo el empleo para poder cubrir sus pagos”, tal como indicó Restrepo.
Microempresas, las más golpeadas
Uno de los sectores más perjudicados sería el de las microempresas, pues el decreto también redujo la base a partir de la cual aplica este cobro. Al respecto, el presidente de Raddar, Camilo Herrera, lamentó que el Gobierno se quede con el 35 % de las utilidades de las empresas cada año en cobros progresivos mensuales (retención), generando problemas de caja y dificultando la cobertura de gastos fijos.
“La DIAN supone que las empresas tenemos márgenes enormes y espera que con eso se pueda financiar el estado. Esto no es cierto y hace que las empresas suban precios y/o bajen costos, afectado a clientes y proveedores. Producimos más impuestos para el Gobierno que utilidades para la empresa”, aseguró.
Por su parte, el Comité Intergremial de Antioquia, del cual hacen parte 35 gremios, aseguró que les genera “una alta preocupación que el gobierno se gastará en 2025 los recursos que están previstos para 2026. Advertimos las graves consecuencias económicas y sociales que generará para el país, en un momento donde todos los indicadores están deficitarios”.
El ex subdirector de la DIAN, Christian Quiñonez, también señaló que el efecto en sectores como el mineroenergético será mucho más fuerte porque en 2023 ya se le había aplicado un aumento en la retención en la fuente. “En su momento las reglas de juego fueron cambiadas; vimos cómo perjudicó al sector y muchas empresas cerraron”, contó. Y advirtió que esto terminaría por deteriorar el clima de inversión privada en Colombia, por cuenta de la inseguridad jurídica.
En ello coincide Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, quien aseguró que la tarifa de esta industria en 2024 pasó del 1,6 % al 2,2 % y ahora será del 4,5 %. “Hoy le estamos haciendo reclamaciones por devolución de impuestos no generados a la DIAN por más de $10 billones solo entre enero y abril de este año”, dijo. También manifestó rechazo a esta práctica y dijo que “a lo único que conducen es a acabar la competitividad de las empresas colombianas”.
Sin embargo, otras voces aseguran que el propósito de la normativa de corregir brechas entre las autorretenciones practicadas y el impuesto efectivamente a cargo se cumple con esta nueva versión.
El presidente ejecutivo de la Federación especializada de Cooperativas de Ahorro y Crédito & Financieras (Fecolfin), Freddy Castro, destacó que el decreto acabó con una asimetría tributaria que afectaba negativamente a los asociados de las entidades del sector solidario y que desincentivaba el ahorro.
“Antes de la norma existía una diferencia en las tarifas de retención aplicables a los rendimientos financieros generados por los CDT (certificados de depósito a término emitidos exclusivamente por establecimientos de crédito) frente a los CDAT (certificados de depósito a término emitidos por establecimientos de crédito, cooperativas de ahorro y crédito, fondos de empleados y asociaciones mutuales). En el primer caso la retención era del 4 %, en el segundo del 7 %”, detalló.
Expertos advierten consecuencias
El incremento en las tarifas de autorretención en la fuente para las empresas terminaría por verse reflejado en el precio de los alimentos e incluso en la inflación de este segmento, sumando entre 0,1 y 0,3 puntos porcentuales a este indicador, según el exdirector de la DIAN, Lisandro Junco.
Lo anterior sería producto del incremento en la tarifa para actividades como cultivo de frutas, cereales, y ganadería (1,20 %), el comercio minorista de productos agrícolas, lácteos, carnes, y otros (1,20 %) y la elaboración de productos lácteos, panadería, y azúcar (0,55 %-1,20 %). Estos costos mayores se trasladarían a los precios de alimentos básicos, como arroz, plátano y carne, y procesados, detalló el experto.
Incluso vía transporte de carga (tarifa del 3,50 %), pues el decreto también eleva los costos logísticos de los alimentos, especialmente en regiones remotas.
En ello coincidió el presidente de ANIF, José Ignacio López, quien aseguró que las retenciones más altas del sector agrícola podrían llevar a muchos productores a trasladar la mayor presión de liquidez a sus precios, lo que sentirá el consumidor final.
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