La Procuraduría General de la Nación reveló un informe que concluye que el sistema de salud colombiano sufre un deterioro progresivo que pone en riesgo la vida de los ciudadanos, producto de un diagnóstico detallado tras realizar visitas administrativas a 18 EPS, incluyendo 9 que han sido objeto de intervención.
El Ministerio Público advirtió que, tras la aplicación de las medidas de intervención forzosa administrativa por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, se ha producido un empeoramiento de las condiciones de acceso a los servicios de salud y de sostenibilidad financiera en los casos analizados.
La entidad dijo que el informe se adelantó en el marco de la defensa del interés público ante la crisis del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y en un contexto de incremento exponencial de quejas, tutelas y desacatos por parte de los afiliados en los últimos dos años.
En 2024, se reportaron 1,6 millones de quejas de pacientes, un aumento del 23 % respecto a 2023, y se interpusieron 265.173 tutelas, un 188 % más que en 2021. La falta de acceso a medicamentos ha sido identificada como el principal motor del crecimiento histórico de las acciones de tutela entre 2024 y 2025.
Los hallazgos en las EPS intervenidas
Los resultados del análisis de indicadores asistenciales y financieros en EPS específicas demuestran que la intervención forzosa administrativa ha sido deletérea.
La Procuraduría encontró, por ejemplo, que después de la intervención, la Nueva EPS pasó a tener una operación deficitaria, gastando más de lo que factura. Antes de la medida, en 2022, el costo de prestación de servicios representaba el 95,6 % de los ingresos; sin embargo, en 2023, después de la intervención, el costo ascendió al 121 %.
Así mismo, el patrimonio pasó de una cifra positiva de $445.000 millones en 2022 a una negativa de -$4,4 billones en 2024 y los pasivos corrientes aumentaron en un 229 %, pasando de -$5,4 billones en 2022 a -$17,8 billones en 2024.
Esto llevó a la entidad a concluir que la Nueva EPS perdió su capacidad de respuesta para garantizar el derecho a la salud, su capacidad financiera para pagar a la red de servicios y su capacidad administrativa, pues a la fecha tiene más de 13,5 millones de facturas sin auditar. Para 2025, se proyecta que se interpondrán más de 131.000 tutelas en su contra y ya acumula más de 33.000 incidentes de desacato.
Por otra parte, en Coosalud EPS, la intervención forzosa administrativa condujo al deterioro de todos sus indicadores de operación. La siniestralidad de Coosalud se disparó del 94 % en 2022 al 115 % en 2025, lo que implica que la EPS gasta $115 por cada $100 que recibe, pasando de una operación financiada a una deficitaria.
Las utilidades de la EPS, que en 2022 fueron de $110.377 millones, ahora son pérdidas acumuladas de -$1,1 billones en 2024. Además, los pasivos crecieron en un 245 %, pasando de -$811.000 millones en 2022 a -$2,8 billones en 2024 y los gastos administrativos casi se duplicaron en el año de intervención (noviembre 2024-2025), alcanzando los $316.000 millones en 2024.
Las quejas de los usuarios también se han disparado. Se espera que las PQR superen las 92.000 en 2025 y las tutelas podrían acumular más de 20.000 en el mismo año, un aumento dramático respecto a las 4.243 que justificaron la intervención.
Advertencias y acciones de la Procuraduría
La Procuraduría ha iniciado una actuación preventiva para verificar denuncias sobre supuestos servicios médicos prestados a usuarios fallecidos y sobrecostos de medicamentos.
Además, la entidad advierte sobre presuntas responsabilidades disciplinarias por las acciones y omisiones en las funciones de Dirección, Regulación, Inspección, Vigilancia y Control del Estado, que han menoscabado las condiciones técnico-científicas, administrativas y financieras de las EPS intervenidas.
En el caso específico de la Nueva EPS, la situación implica un impacto fiscal negativo de al menos $8,5 billones que afectará la operación total del Estado.
El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, reiteró que, dado que el diálogo inicial no concretó soluciones y el deterioro del sistema continúa, la Procuraduría activará ineludiblemente la función disciplinaria.
Actualmente, se adelantan más de 20 investigaciones por desabastecimiento de medicamentos, barreras de acceso, corrupción, malversación de recursos, así como por el incumplimiento de las órdenes de ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
—
