Un incremento significativo del impuesto al consumo de cigarrillos en Colombia podría producir un efecto contrario al que busca el Gobierno: reducir los ingresos fiscales, aumentar la participación del mercado ilegal y elevar las ganancias de las organizaciones criminales. Así lo advierte un estudio de la Universidad de los Andes, que analiza las consecuencias económicas, tributarias y de seguridad de esta medida.
La investigación, titulada Impuestos al cigarrillo, contrabando, recaudo fiscal e ingresos del crimen organizado, fue elaborada por Daniel Mejía, profesor titular de la Facultad de Economía de esa institución y exsecretario de Seguridad de Bogotá.
El documento examina cómo las modificaciones en la carga tributaria afectan simultáneamente el consumo de cigarrillos, la comercialización ilegal, los recursos que reciben las entidades territoriales y los ingresos de las estructuras dedicadas al contrabando.
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De acuerdo con las estimaciones del modelo económico desarrollado por Mejía, Colombia habría llegado, con la tarifa actual, a un punto en el que un aumento abrupto del impuesto podría reducir el recaudo sin generar una disminución proporcional del consumo total.
Uno de los escenarios analizados contempla establecer un impuesto específico de $11.200 por cajetilla, monto incluido en la propuesta de la Ley de Rescate Económico. Con esta tarifa, los ingresos ilegales de las organizaciones criminales aumentarían de aproximadamente $395.000 millones a más de $900.000 millones.
El estudio también señala que, si el gravamen alcanza niveles considerablemente más altos, el recaudo fiscal podría disminuir hasta un 75 %, mientras que los cigarrillos de origen ilegal llegarían a representar más del 90 % del mercado nacional.
Este resultado estaría asociado con la brecha de precios entre los productos comercializados legalmente y aquellos que ingresan al país mediante el contrabando. Cuando esa diferencia se amplía, la distribución ilegal se vuelve más rentable y puede desplazar a los fabricantes y comerciantes que cumplen con sus obligaciones tributarias.
El control al contrabando, un factor clave para la política tributaria
Para Mejía, las decisiones sobre los impuestos al tabaco deben tener en cuenta las dimensiones del mercado ilegal y la capacidad institucional para combatirlo. De lo contrario, las entidades territoriales podrían enfrentar una reducción de los recursos que reciben por este concepto, destinados, entre otros fines, a financiar programas de salud pública.
Ante este panorama, la investigación recomienda evitar incrementos tributarios abruptos, reforzar los controles aduaneros y la persecución patrimonial contra las redes criminales, mejorar la coordinación entre el Gobierno nacional y las administraciones territoriales, y complementar la política impositiva con estrategias de prevención del consumo de cigarrillos.
