La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este martes 16 de septiembre las primeras sentencias contra siete personas que pertenecieron al exsecretariado de las Farc.
Estas primeras sentencias, emitidas por la Sección de Reconocimiento de Verdad y consideradas “históricas”, hacen parte del macrocaso 001 con el que la JEP ha investigado durante siete años los secuestros cometidos por las Farc entre 1993 y 2016, dejando como resultado de registro una cifra provisional de 21.396 víctimas, de las cuales 4.325 se han acreditado ante el tribunal.
Según información de la JEP, los sentenciados fueron “determinantes para la ejecución e implementación de la política de secuestro en todo el país, así como de otros delitos que se cometieron en el contexto del cautiverio”.
Así las cosas, los implicados son:
- Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’
- Pastor Alape
- Jaime Alberto Parra, alias ‘El Médico’
- Pablo Catatumbo
- Milton de Jesús Toncel, alias ‘Joaquín Gómez’
- Julián Gallo, alias ‘Carlos Antonio Lozada’
- Rodrigo Granda, alias ‘Ricardo Téllez’
A detalle, la JEP indicó que estas personas participaron en otros actos delictivos como “homicidio, tortura y tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y esclavitud, desaparición y desplazamiento forzados”.
Adicionalmente, el tribunal de justicia pudo constatar que los secuestros realizados por las Farc causaron en las victimas daños emocionales, morales, a la salud mental, al entorno familiar y económicos, entre otros.
Así las cosas, las sanciones serán de carácter restaurativo, que van entre cinco y ocho años para “máximos responsables” y de dos y cinco años para los “determinadores”, sin incluir penas de cárcel, pero si restricción de la libertad y trabajos sociales.
Ante ese escenario, Ingrid Betancourt, exsenadora y excandidata presidencial que fue secuestrada por las Farc, se refirió a las sentencias, destacando en diálogo con La FM que las víctimas aceptaron que los firmantes del acuerdo no fueran a prisión, pero nunca que quedaran sin sanciones reales. “Nunca aceptamos que no cumplieran una condena con pérdida de libertad”.
Además, señaló los beneficios que han recibido. “Les dimos la posibilidad de llegar al Congreso, de incidir en las leyes, de participar en la vida democrática del país”.
Y advirtió que, “si la condena es insultante para las víctimas, tenemos que ir ante la justicia internacional”.
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