El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, fue imputado el pasado 8 de abril por los delitos de presunto peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción en el caso Aguas Vivas. Junto a Quintero se encuentran 10 exfuncionarios.

El juez penal con función de garantías, el pasado 22 de abril, avaló los argumentos de la fiscal, encontrando “ajustado a derecho” el trámite procesal en contra de Quintero.

Sin embargo, el exalcalde y los demás acusados se declararon inocentes, mientras que los abogados defensores siguen afirmando que no comprenden la imputación formulada por la Fiscalía.

En ese contexto, Valora Analitik consultó con Andrés Arteaga Franco, abogado con maestría en Derecho Procesal de la Universidad del Rosario Argentina, especialización en Derecho Penal Económico y Compliance Penal de la Universidad de Salamanca España y especialización en Derecho Procesal, quien dio su opinión especializada sobre lo que viene para este proceso mediático que ha captado la atención del país.

Tras las afirmaciones de Quintero en donde asegura que la Fiscalía no tiene argumentos para sustentar la acusación, Arteaga afirmó que “al presentar el escrito de acusación, se exige una probabilidad de verdad sustentada en elementos con vocación probatoria sólida, que permitan desvirtuar la presunción de inocencia. En este caso, la Fiscalía parece contar con ese mínimo necesario para adelantar una investigación”.

Asimismo, los alegatos que ha presentado la defensa sobre la falta de claridad en la imputación de cargos. “Se ha señalado que la imputación presenta ambigüedades importantes: no son claros los hechos jurídicamente relevantes, ni los tiempos, modos o circunstancias de los contratos cuestionados, ni la participación concreta de cada imputado. La Fiscalía imputó a diez personas en un mismo caso, lo que implica una alta carga argumentativa y probatoria que, al parecer, no se estructuró con suficiente solidez en esta etapa”, contó el abogado Arteaga.

Cabe recordar que Daniel Quintero hizo público, a través de su cuenta de X, su aspiración a la Presidencia de Colombia, por lo que el impacto del caso en su discurso político dependerá del rumbo que tome la investigación: “Si el proceso avanza hacia una eventual responsabilidad penal, eso sin duda afectaría su imagen pública y sus aspiraciones políticas. Por el contrario, si el resultado es una decisión absolutoria, podría fortalecer su discurso de víctima de persecución y aumentar su capital político”, expresó Arteaga.

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¿Qué sigue para el acusado?

En respuesta a lo que pueda pasar los próximos meses, el abogado explicó: “A pesar de los aplazamientos y las tensiones propias del proceso, es de esperarse que en los próximos meses la Fiscalía presente formalmente el escrito de acusación contra los imputados, lo cual marcará el inicio de la etapa de juicio.

Según Andrés Arteaga, Quintero se enfrenta a tres escenarios jurídicos:

1. Ir a juicio: en este escenario, podrá controvertir cada una de las pruebas presentadas por la Fiscalía en su contra y también aportar las propias, con el fin de demostrar su inocencia.
2. Llegar a un preacuerdo con la Fiscalía: esto implicaría aceptar los cargos a cambio de una rebaja de pena. No obstante, si dentro del proceso se logra acreditar un incremento patrimonial injustificado —es decir, el peculado por apropiación—, para que dicho preacuerdo sea procedente, tendría que haber una devolución de los recursos apropiados al municipio.
3. Allanarse a los cargos: esta sería una aceptación total de los hechos, lo cual generaría una rebaja punitiva por la aceptación temprana de responsabilidad. Sin embargo, este escenario se ve poco probable en este momento, tanto por la exposición mediática del caso como por la coyuntura política y jurídica del proceso.

Vinculación de la Alcaldía de Medellín al caso en calidad de victima

En medio de la audiencia, anunciaron la vinculación de la Alcaldía de Medellín como victima al caso. Sin embargo, la defensa de Quintero le solicitó al juzgado sacarlo del proceso argumentando que supuestamente tiene funcionarios involucrados en el caso, por lo que su participación no es válida en esa condición.

A lo que el juez respondió que «ese conflicto de intereses se vería reflejado si el representante legal de la entidad fuera quien estuviese siendo imputado o acusado por los hechos que investiga la Fiscalía».

Arteaga, con respecto a la vinculación respondió: “Dicha vinculación resulta jurídicamente viable. Esto, en la medida en que, si la Fiscalía sostiene como teoría del caso que hubo peculado por apropiación e interés en la celebración de contratos que comprometieron recursos del municipio, es claro que la entidad territorial habría sufrido un menoscabo patrimonial. En consecuencia, el municipio tendría legitimidad para ser reconocido como víctima en el proceso penal.

Sin embargo, destacó que “lo que genera preocupación en este escenario es que el actual representante legal del municipio, el alcalde Federico Gutiérrez, mantiene una evidente oposición política frente a Daniel Quintero. Esta confrontación ideológica y mediática, que es ampliamente conocida por la opinión pública, podría introducir un matiz político al proceso, lo cual sería indeseable desde el punto de vista de la imparcialidad judicial”.

Caso Aguas Vivas

En el 2019, la firma IDC Inversiones y Técnicas Contractivas entregaron el lote de Aguas Vivas, ubicado entre Las Palmas y El Poblado, a la Alcaldía de Medellín por medio de una escritura pública firmada por el alcalde de esa época, Federico Gutiérrez.

La cesión estaba destinada a una indemnización que entregan las constructoras para poder desarrollar proyectos en la ciudad. En pocas palabras, una transacción a futuro que cumple con el rol de compensación urbanística.

Sin embargo, tras la pandemia de Covid-19 que atravesó el mundo, las constructoras se vieron afectadas, por lo que no pudieron desarrollar los proyectos en la ciudad para compensar el predio que habían entregado.

En ese contexto, bajo la administración de Quintero en 2020, la alcaldía decidió cambiar el uso del suelo, afirmando que en él se podía desarrollar otro proyecto más ambicioso llamado Valle del Software. Asimismo, fue restituido a sus anteriores dueños.

Paralelamente, la modificación alteró el valor comercial del terreno, pasando de alrededor de $27.000 millones a $48.000 millones, decisión que generó controversia y cuestionamientos de su legalidad e implicaciones urbanísticas y económicas, razón por la cual se abrió la investigación que hoy avanza en la Fiscalía.