Este viernes 19 de julio, un juez federal en Massachusetts podría dar un nuevo golpe a los esfuerzos del presidente Donald Trump por modificar la interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en territorio estadounidense.
El juez Leo Sorokin, del Tribunal de Distrito de Boston, decidirá si mantiene una orden judicial temporal (injonction) que bloquea a nivel nacional una orden ejecutiva firmada por Trump en enero, la cual busca negar la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes indocumentados o de personas sin estatus migratorio legal.
¿Qué dice la orden ejecutiva de Trump?
El 20 de enero de 2025, en su primer día de regreso a la Casa Blanca, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14160, que establece que los hijos nacidos en EE. UU. de padres sin ciudadanía o residencia legal no serán reconocidos como ciudadanos estadounidenses, y por tanto no podrán obtener pasaporte, número de Seguro Social ni otros documentos oficiales.
La medida afecta a bebés nacidos a partir del 19 de febrero de 2025 y representa un intento directo de reinterpretar la Cláusula de Ciudadanía de la Enmienda 14, la cual desde 1868 ha garantizado la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense, “sujeta a su jurisdicción”.
Esta cláusula ha sido históricamente interpretada como una garantía universal de ciudadanía por nacimiento, salvo para hijos de diplomáticos extranjeros o personas bajo jurisdicción tribal nativa.
El contexto legal: un nuevo escenario tras la Corte Suprema
El pasado 27 de junio, la Corte Suprema de EE. UU. falló en el caso Trump v. CASA. El alto tribunal determinó que las órdenes de bloqueo nacional solo pueden emitirse si hay una acción colectiva (class action) certificada o si el alcance nacional es necesario para proteger plenamente a los demandantes.
Aunque esto parecía beneficiar a Trump, varios jueces federales han certificado demandas colectivas para mantener el alcance nacional del bloqueo contra su orden sobre ciudadanía.
En este contexto, el juez Leo Sorokin se convirtió en uno de los primeros magistrados en bloquear temporalmente la aplicación de la orden ejecutiva. Para este viernes 19 de julio, se espera que decida si mantiene el bloqueo de manera más permanente o si lo modifica, reduciendo su alcance.
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La demanda fue presentada por los fiscales generales de 18 estados y el Distrito de Columbia, quienes argumentan que:
- La orden de Trump viola directamente la Constitución.
- Genera confusión en la administración de beneficios sociales, salud y educación.
- Crea un sistema fragmentado de ciudadanía entre estados.
¿Qué puede pasar el viernes?
La audiencia del viernes será clave. Si Sorokin decide mantener la injonction nacional, será un nuevo revés para la administración Trump, reafirmando que la ciudadanía por nacimiento no puede ser modificada por decreto ejecutivo.
Pero si el juez limita el alcance del bloqueo a solo los demandantes o a Massachusetts, se abriría un escenario incierto, donde la ciudadanía por nacimiento estaría protegida en unos estados y en riesgo en otros, generando posibles conflictos legales y administrativos a nivel nacional.
La Enmienda 14 y el futuro de millones
Esta disputa no solo tiene implicaciones legales, sino sociales y políticas. Según estimaciones del Pew Research Center, cerca de 300.000 niños nacen cada año en EE. UU. con al menos un padre sin estatus migratorio legal. Negarles la ciudadanía cambiaría profundamente el panorama demográfico y jurídico del país.
Además, podría generar una nueva categoría de apátridas nacidos en EE. UU., con consecuencias en acceso a salud, educación, empleo y derechos civiles.
Tras el fallo de Sorokin, se espera que cualquier decisión sea apelada por la Casa Blanca ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito. En última instancia, el caso podría regresar a la Corte Suprema, que aún no ha abordado directamente la constitucionalidad del intento de modificar la ciudadanía por nacimiento por vía ejecutiva.
Mientras tanto, congresistas demócratas han impulsado una propuesta de ley para blindar legalmente la Enmienda 14, pero su avance en el Senado, de mayoría republicana, es incierto.
