En casi cuatro años de gobierno del presidente Gustavo Petro ha consolidado una narrativa: cuando no le dan la razón, el problema deja de ser del Gobierno y pasa a ser de las propias instituciones.
Lo que comenzó como un choque con el Congreso por las grandes reformas se ha repetido con las cortes, con el Consejo de Estado y, ahora en su capítulo más reciente y riesgoso, con la Junta Directiva del Banco de la República.
El Congreso: el primer frente del «bloqueo»
La narrativa del bloqueo institucional surgió cuando el Congreso empezó a hundir o modificar las reformas bandera de Petro: la de salud cayó en repetidas ocasiones, la primera reforma laboral, ley de financiamiento, consulta popular, reforma tributaria y reforma política.
El Gobierno calificó esa oposición como un «bloqueo institucional y omisiones legislativas» que, según sus propios documentos, han «limitado la garantía efectiva de derechos fundamentales y erosionado la confianza ciudadana».
Sin embargo, el argumento tiene un problema de consistencia: el Congreso aprobó una docena de leyes y reformas durante el gobierno Petro, incluyendo la tributaria, la pensional, la laboral, la creación de la jurisdicción agraria, el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, la reforma al Sistema General de Participaciones, la reforma a la Ley 30 y la ley que prohíbe las corridas de toros.
La respuesta del Gobierno ante esa frustración fue escalar: primero amenazó con romper relaciones con las comisiones económicas del Congreso y luego impulsó la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Entre los cambios que buscaría esa constituyente están suprimir la autonomía del Banco de la República y reformar el funcionamiento de la Corte Constitucional.
Las cortes: el segundo frente
El enfrentamiento con las altas cortes llegó cuando el Gobierno intentó sortear al Congreso por la vía de los estados de excepción. Tras el hundimiento de la ley de financiamiento, Petro decretó la emergencia económica y social argumentando que el Congreso bloqueó la ley de financiamiento y puso en riesgo derechos básicos.
La Corte Constitucional respondió y suspendió provisionalmente los efectos del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025 mediante votación 6-2, en una medida cautelar histórica que frenó temporalmente el decreto mientras avanzaba el control automático de constitucionalidad. Fue la primera vez en la historia que se aplicaba una suspensión provisional a un decreto de emergencia económica.
La reacción del Gobierno no fue reconocer el fallo sino denunciarlo. El presidente Petro afirmó que la Corte estaba «prejuzgando» y lo atribuyó a que «es un decreto de mi gobierno y porque suspende, rápidamente, los impuestos a los sectores más ricos de Colombia».
El Consejo de Estado: nombramientos que no cumplen requisitos
El presidente incluyó al Consejo de Estado en su lista de instituciones en «la misma tónica de bloqueo institucional». El caso más sonado fue el del salario mínimo donde se suspendió de manera provisional el decreto el 13 de febrero de 2026, exigiendo que el gobierno explicara con mayor sustento técnico los parámetros utilizados para llegar al 23 %.
La reacción de Petro fue convocar marchas en la Plaza de Bolívar, calificar la decisión como parte del «cerco» institucional contra su Gobierno y salir personalmente a defender el decreto desde tarima.
El alto tribunal también ha anulado reiteradamente nombramientos del Gobierno por irregularidades en los procesos de selección, como la elección de Jorge Andrés Carrillo Cardoso como presidente de Interconexión Eléctrica (ISA), tras considerar que el proceso de selección presentó vicios de expedición irregular. La respuesta del presidente Petro fue calificar el fallo como un «golpe político» orientado a devolver la empresa al grupo empresarial antioqueño.
El Consejo de Estado también suspendió nombramientos de otros funcionarios, como el exministro de la Igualdad Juan Carlos Florián, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque.
El BanRep: el capítulo más riesgoso
El más reciente y jurídicamente complejo de estos choques ocurrió con el banco central.
La tercera reunión de 2026 de la Junta Directiva del Banco de la República quedará registrada como una de las más tensas de los últimos años: no solo por la decisión de subir la tasa de interés en 100 puntos básicos, para llevarla al 11,25 %, sino por el retiro del ministro de Hacienda, Germán Ávila, en pleno desarrollo de la sesión y su anuncio de una ruptura con la autoridad monetaria.
La determinación fue tomada por mayoría: cuatro votos a favor del incremento, dos por una reducción de 50 puntos básicos y uno por mantener la tasa sin cambios. El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar Gómez, señaló que la decisión se adoptó en cumplimiento del mandato constitucional de preservar el poder adquisitivo de la moneda.
Fotos: Valora Analitik y Banco de la República.
Para entender la votación hay que mirar la composición de la Junta.
De los siete miembros, el Gobierno logró designar a César Giraldo y Laura Moisá, quienes votan en línea con el Ejecutivo. El ministro de Hacienda también hace parte de la Junta con voz y voto. Y hay una tercera codirectora que el propio Gobierno nombró: Olga Lucía Acosta, incorporada por recomendación del entonces ministro José Antonio Ocampo, Petro luego dijo públicamente que fue su peor error, pues Acosta ha tomado decisiones independientes.
En la práctica, los votos que se opusieron al Gobierno en esta reunión —los de Mauricio Villamizar, Bibiana Taboada, Leonardo Villar y Olga Lucía Acosta— son cuatro contra tres.
El ministro Ávila sostuvo que los directores «obedecen exclusivamente a los intereses del sector financiero» y confirmó el distanciamiento del Gobierno con la Junta Directiva.
Petro lo respaldó desde X: el presidente calificó a la Junta de estar en «actitud de matar la economía colombiana» y afirmó que «la mayoría de la Junta Directiva del Banco de la República solo busca aumentar las ganancias de los dueños de la deuda pública, que son los mismos banqueros».
El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, rechazó que las decisiones se tomen para beneficiar a particulares y recordó que el aumento de tasas busca moderar la inflación, que en enero y febrero se situó en 5,4 % y 5,3 %, superando el 5,1 % de cierre de 2025. La inflación básica también subió al 5,5 %.
Villar argumentó que el sector financiero es precisamente uno de los más afectados con la subida de tasas, pues el costo del dinero que deben pedir prestado al Banco de la República aumenta.Finalmente, recordó que el mandato constitucional del banco central es mantener el poder adquisitivo y, aunque reconoció que la decisión es «dolorosa» porque hay perjudicados, defendió que el objetivo es evitar que la inflación se dispare, buscando que retorne a la meta del 3 % para 2027.
Pero el problema no es solo político: es jurídico, y nadie sabe bien cómo se resuelve. Según el análisis de Andrés Pardo, Head of Latam Macro Strategy en XP Investments, el artículo 35 del Decreto 2520 establece que la Junta «puede reunirse, deliberar y decidir solo con la asistencia de al menos cinco de sus miembros, uno de los cuales debe ser el ministro de Hacienda y Crédito Público, quien la presidirá».
Bajo esa lectura, la presencia del ministro —o de un delegado— es condición obligatoria para cualquier decisión, incluida la fijación de tasas. En la práctica, advierte Pardo, la ausencia del ministro podría bloquear la capacidad del Banco de la República para tomar decisiones de política monetaria, incluso en escenarios de emergencia.
El gerente Villar recordó que si el ministro no puede concurrir por fuerza mayor, debe designarse un ministro ad hoc. Pero el Gobierno no ha anunciado ese camino, y nadie ha visto antes algo así: un ministro que se retira por voluntad política, no por imposibilidad de asistir. Es un vacío que probablemente deberá resolver el Consejo de Estado, la misma institución que Petro ubica en el «bloqueo institucional».
Analistas advierten que la nueva jugada obedece al desconocimiento de decisiones técnicas de otras instituciones independientes, lo que representa una vez más un riesgo para la separación de poderes.
