En las últimas semanas de agosto de 2018, varios de los superintendentes (financiero, de Sociedades y de Industria y cumplían su período legal de cuatro años en sus cargos y debían ser reemplazados por el nuevo Gobierno.
Ese nuevo Gobierno se posesionó en la primera semana de agosto y a partir de ese momento empezaron a sonar nombres para sus reemplazos.
El único que tenía posibilidades de ser ratificado en su cargo era Jorge Castaño en la Superintendencia Financiera donde llegó aproximadamente un año antes para reemplazar a Gerardo Hernández, quien fue designado como codirector del Banco de la República.
En el caso de Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio y Francisco Reyes, de Sociedades, se sabía que, por el cumplimiento de su período legal, debían dejar sus cargos.
Además, porque en los protocolos de adhesión de Colombia a la OCDE, se le recomienda al país, entre muchas otras cosas, darles independencia a altos cargos que tienen en sus manos la toma decisiones de carácter investigativo.
A raíz de una columna publicada este fin de semana en la revista Semana, Valora Analitik consultó a varias fuentes que conocieron el proceso de salida de esos superintendentes, en especial de Robledo.
Ese funcionario, tal como se conoció a finales de agosto, no sería ratificado en su cargo y se abrió una convocatoria para reemplazarlo.
A esa convocatoria, según las fuentes, llegaron alrededor de 40 hojas de vida. Después, ese grupo se filtró a 10, entre los cuales se encontraba el que al final fue elegido: Andrés Barreto.
El nombramiento de Barreto se oficializó el 15 de septiembre, aunque su nombre venía sonando desde varias semanas antes como eventual elegido para el cargo.
Un día antes, el 14 de septiembre de 2019, la Superintendencia liderada por Pablo Felipe Robledo anunció la decisión de formular pliego de cargos en contra del Grupo Aval y dos de sus subordinadas, así como en contra de varios de sus directivos.
Es decir, la salida de Robledo ya estaba anunciada desde finales de agosto y la imputación de cargos se dio a mediados de agosto. Aquello refleja que el nombramiento de Barreto para reemplazar a Robledo no tomó menos de 25 horas como se dijo en la columna de Semana.
Valora Analitik también consultó fuentes que detallaron que se interpuso una denuncia penal y una queja disciplinaria contra Pablo Felipe Robledo, en su responsabilidad cómo exsuperintendente de Industria y Comercio. Además, en contra de Jorge Enrique Sánchez Medina, exsuperintendente delegado para la Protección de la Competencia y en contra de Francisco Melo Rodríguez, funcionario (actual) de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Dichas acciones fueron interpuestas por el abogado Jaime Lombana porque considera que estos individuos, como funcionarios públicos, desconocieron el derecho del debido proceso y las garantías constitucionales que deben regir cualquier investigación en Colombia.
Además, argumenta que en la formulación de cargos contra el Grupo Aval y sus funcionarios predominó la arbitrariedad, la animadversión y el interés personal sobre el general.
La denuncia señala que la valoración del acervo probatorio fue ilegal y las pruebas que demostrarían la ausencia del supuesto conflicto de interés fueron desconocidas.
Como se señala en la denuncia y en la queja disciplinaria, las manifestaciones públicas del exsuperintendente Robledo desconocieron la separación funcional que debe existir al interior de la Superintendencia de industria y Comercio, y, por lo tanto, en concepto de los actores denunciantes, afectaron su autonomía como superintendente para tomar una decisión imparcial frente a este caso.
