La Ley de Sometimiento avanza a contrarreloj en la Cámara de Representantes este martes 3 de noviembre, con mensaje de urgencia y menos de 24 horas para completar su trámite legislativo.
En la sesión del lunes festivo, los representantes aprobaron la ponencia positiva y algunos artículos, pero todavía queda pendiente buena parte del articulado. La iniciativa también debe superar su discusión en la plenaria del Senado antes de la medianoche, cuando vence la vigencia de la Ley de Orden Público.
El trámite se desarrolla bajo una fuerte presión por los tiempos y con el antecedente de los errores procedimentales que se presentaron durante la discusión del Presupuesto General de la Nación de 2027, que llevaron al Ejecutivo a expedirlo vía decreto.
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A esto se suman las dificultades que ha tenido el proyecto para conformar el quórum en distintos momentos de su discusión. Por eso, el Gobierno intensificó los acercamientos con las bancadas para asegurar la asistencia.
El calendario deja poco margen de maniobra: mientras la Cámara retomó el debate este martes, el Senado también fue citado para discutir la iniciativa. Si ambas corporaciones consiguen aprobarla, tendrán que conciliar sus textos y votar el resultado antes del vencimiento del plazo. Cualquier falla en alguno de esos pasos podría dejar sin vigencia la Ley de Orden Público y obligar al Gobierno a buscar otras alternativas jurídicas para desarrollar su estrategia de sometimiento.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, quien ha liderado el trámite y asumió temporalmente funciones en el Ministerio del Interior, defendió el alcance de la iniciativa y aseguró que no contempla beneficios como la devolución de bienes o el levantamiento de órdenes de captura.
“Esperamos sacar adelante el proyecto. Cero devolución de bienes para las personas. No se van a levantar órdenes de captura. No se van a suspender temas de extradición”, afirmó Cancino.
El funcionario agregó que quienes busquen acogerse al mecanismo deberán cumplir condiciones como dejar las armas, entregar un inventario de bienes y de integrantes de las organizaciones, contribuir a la búsqueda de personas desaparecidas o secuestradas y suministrar información sobre los vínculos de las estructuras criminales con distintos sectores de la población.
Debate en vivo
- La plenaria de la Cámara de Representantes declara sesión permanente.
- Con 48 votos por el sí y 21 votos por el no, la plenaria del Senado volvió a aprobar la ponencia mayoritaria de la ley de sometimiento.
¿Cuáles son los cambios que propone la Ley de Sometimiento?
El proyecto establece una oferta unilateral de sometimiento a la Constitución y a la ley para integrantes de organizaciones armadas ilegales.
La propuesta no reconoce estatus político a estos grupos ni contempla la instalación de mesas de negociación. A cambio de su desmovilización y colaboración con la justicia, establece rebajas de pena condicionadas al cumplimiento de compromisos verificables, entre ellos la reparación de las víctimas, la entrega de bienes y el suministro de información.
Uno de los principales cambios está relacionado con las reducciones de las condenas, que serían diferenciadas según la posición de cada integrante dentro de las estructuras criminales. Quienes desempeñen funciones de mando podrían acceder a rebajas de hasta 30 %, mientras que los demás miembros tendrían la posibilidad de obtener reducciones de hasta 50 %.
Cancino explicó que el articulado reemplaza el concepto de “rol de liderazgo” por el de “rol de mando”, con el propósito de precisar las condiciones y los beneficios aplicables a quienes ocupen posiciones de autoridad dentro de las organizaciones.
La iniciativa también establece que los procesados deberán cumplir sus condenas en establecimientos penitenciarios ordinarios, sin lugares especiales de reclusión ni privilegios carcelarios. Asimismo, plantea que para acceder a la libertad condicional deberán cumplir cuatro quintas partes de la pena, frente a las tres quintas partes contempladas en el régimen ordinario.
Con este mecanismo, el Gobierno busca incentivar la desmovilización y la colaboración judicial de las organizaciones criminales, sin abrir espacios de negociación política con estructuras dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilegales.
