Miles de conductores en Colombia podrían tener derecho a reclamar la devolución del dinero que pagaron por fotomultas durante los últimos años. El Gobierno Nacional abrió una investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito del país por presuntas irregularidades en la operación de cámaras de fotodetección y advirtió que millones de comparendos podrían verse afectados por estas actuaciones.
Lea también: Nueva resolución del Gobierno Petro busca evitar apagón en Colombia: es clave para los proyectos de energía
La medida fue anunciada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, entidades que encontraron posibles incumplimientos relacionados con los requisitos técnicos que deben cumplir los Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y Otros Medios Tecnológicos para la Detección de Infracciones de Tránsito (SAST), conocidos popularmente como fotomultas.
Lo que más llama la atención es la magnitud del caso. Según la Superintendencia, los organismos investigados impusieron más de 7,5 millones de comparendos mediante estos sistemas tecnológicos. De ellos, 1.582.398 ya fueron pagados por ciudadanos, generando recaudos superiores a $1,05 billones.
Por esa razón, la investigación podría tener consecuencias directas para millones de conductores. Si las irregularidades son confirmadas durante el proceso administrativo, las autoridades de tránsito involucradas podrían verse obligadas a devolver los recursos cobrados por estas sanciones y, además, enfrentar multas que superarían los $2,1 billones, equivalentes al doble de lo recaudado, tal como establece la Ley 2251 de 2022.
La noticia tomó aún más relevancia luego de que desde el Gobierno se confirmara que quienes ya pagaron una fotomulta en los organismos incluidos en la investigación podrían solicitar la devolución de los recursos mediante acciones jurídicas como el derecho de petición.
Asimismo, quienes aún tengan comparendos pendientes deberían verificar ante la autoridad correspondiente si estos fueron eliminados de los registros.
Qué encontró la investigación sobre las fotomultas
Las verificaciones adelantadas por la Superintendencia de Transporte identificaron posibles incumplimientos frente a los requisitos exigidos por la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte.
La principal observación está relacionada con el concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, documento obligatorio para certificar la confiabilidad técnica y legal de los sistemas de fotodetección.
De acuerdo con las autoridades 12 organismos de tránsito iniciaron operaciones sin contar con concepto de desempeño, siete organismos operaron utilizando conceptos expedidos a terceros y 18 organismos obtuvieron las certificaciones después de haber iniciado la operación de los sistemas.
Para la Superintendencia, estas situaciones podrían afectar la legalidad de las sanciones impuestas durante los periodos investigados.
Revise las fechas: no todas las fotomultas están involucradas
Uno de los aspectos más importantes para los ciudadanos es que la investigación no cubre necesariamente todas las fotomultas impuestas por cada organismo de tránsito.
Puede interesarle leer: Tradicional marca colombiana de calzado busca vender tres millones de pares y crecer en Medellín y Cali en 2026
Las actuaciones administrativas se concentran en periodos específicos de operación de los sistemas de detección. Por ello, quienes recibieron comparendos deberán revisar la fecha exacta de la infracción y verificar si coincide con los periodos investigados por las autoridades.
Entre las principales ciudades y entidades incluidas aparecen:
- Secretaría de Movilidad de Medellín: comparendos emitidos entre el 10 de diciembre de 2018 y el 28 de abril de 2020.
- Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá: entre el 12 de diciembre de 2018 y el 6 de enero de 2020.
- Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali: entre el 10 de diciembre de 2018 y el 21 de noviembre de 2024.
- Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla: entre el 27 de diciembre de 2018 y el 17 de septiembre de 2019.
- Secretaría de Movilidad de Itagüí: entre el 1 de febrero de 2019 y el 5 de julio de 2020.
- Secretaría de Movilidad y Tránsito de Sabaneta: entre el 1 de febrero de 2019 y el 21 de noviembre de 2024.
- Secretaría de Movilidad de Bello: entre el 27 de febrero de 2019 y el 16 de febrero de 2020.
- Secretaría de Tránsito y Transporte de San José de Cúcuta: entre el 26 de marzo de 2019 y el 21 de noviembre de 2024.
- Secretaría de Movilidad y Transporte de Cartago: entre el 24 de mayo de 2019 y el 21 de noviembre de 2024.
- Secretaría de Tránsito y Transporte de Yumbo: entre el 8 de julio de 2019 y el 21 de noviembre de 2024.
- Secretaría de Movilidad Multimodal y Sostenible de Santa Marta: entre el 15 de noviembre de 2019 y el 21 de noviembre de 2024.
- Secretaría Municipal de Transporte y Tránsito de Montería: entre el 13 de diciembre de 2019 y el 12 de diciembre de 2024.
- Secretaría de Tránsito y Transporte de Palmira: entre el 22 de mayo de 2020 y el 21 de mayo de 2025.
- Secretaría de Tránsito y Transporte de Santander de Quilichao: entre el 21 de julio de 2020 y el 20 de julio de 2025.
- Secretaría de Transporte y Movilidad de Zipaquirá: entre el 16 de diciembre de 2020 y el 15 de diciembre de 2025.
- Secretaría de Movilidad y Transporte del Valle del Cauca: entre el 12 de febrero de 2021 y el 11 de febrero de 2026.
La investigación también incluye organismos de tránsito de municipios como La Dorada, Villavicencio, Villa del Rosario, Corozal, Galapa, Puerto Colombia, Arjona, Turbaco, Soledad, Palermo, Fundación, Los Patios, Yotoco, Ciénaga, Barrancabermeja, Popayán, Aguachica y Planeta Rica, entre otros.
Cali, Medellín y Bogotá concentran la mayoría de comparendos
La Superintendencia reveló que las ciudades con mayor número de comparendos identificados dentro de la investigación son Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla.
Cali encabeza el listado con aproximadamente 2,7 millones de comparendos, seguida por Medellín con más de 717.000, Bogotá con cerca de 294.000 y Barranquilla con más de 131.000 sanciones.
Además, las autoridades señalaron que 5.832.906 comparendos que aún no han sido pagados podrían perder validez y tendrían que ser revocados de oficio, lo que beneficiaría potencialmente a más de 1,4 millones de ciudadanos.
También puede leer: El nuevo proyecto de apartamentos de lujo en El Poblado con precios de más de $2.000 millones
La apertura de la investigación no implica automáticamente la devolución de recursos ni la anulación inmediata de las sanciones. El proceso administrativo deberá determinar la existencia de las irregularidades y establecer las consecuencias jurídicas correspondientes para cada organismo de tránsito.
Sin embargo, las declaraciones del Gobierno muestran la dimensión del caso y anticipan posibles impactos económicos para las entidades involucradas y para los conductores afectados.
