Una decisión anunciada en pleno Consejo de Ministros televisado este lunes 16 de marzo volvió a poner en el centro del debate el futuro del sistema de salud en Colombia. La instrucción del presidente Gustavo Petro de liquidar las EPS en quiebra no solo reconfigura el panorama institucional, sino que abre interrogantes inmediatos sobre el destino de más de 22 millones de afiliados que dependen de estas entidades para su atención médica.
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El mandatario fue enfático al señalar que, tras el hundimiento de la Reforma a la Salud en el Congreso, el Gobierno ya no tiene margen de maniobra. “Entonces -ministro de Hacienda y ministro de Salud- todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera; ya no tenemos alternativas. El Congreso no aprobó la reforma (a la salud), ya no queda sino este último trato”, afirmó durante la sesión.
La orden implica la eventual liquidación de varias EPS intervenidas o en situación financiera crítica, lo que podría traducirse en el traslado masivo de usuarios dentro del sistema. En términos concretos, se trata de más de 22 millones de pacientes que tendrían que cambiar de asegurador en caso de ejecutarse la medida.
Este movimiento no es menor. El sistema de salud colombiano está estructurado sobre la base de la afiliación a EPS, que actúan como intermediarias en la gestión del riesgo en salud. Un traslado de esta magnitud implica reorganizar redes de atención, contratos con prestadores y continuidad en tratamientos, especialmente en casos complejos.
El presidente también descartó la posibilidad de rescatar financieramente a estas entidades. “Lo que sí sería un suicidio para Colombia es sacar $50 billones del Gobierno para trasladarlos a pagar la deuda de las EPS […] es mejor que se liquiden, por lo menos no producimos ese daño a la estabilidad fiscal de Colombia”, sostuvo.
Según explicó el propio jefe de Estado, la medida tiene como detonante la suspensión provisional del Decreto 0182 de 2026 por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, norma que buscaba reorganizar territorialmente a los afiliados para mejorar la eficiencia del sistema.
Para el Gobierno, esta decisión judicial bloqueó una de las principales herramientas para reordenar la operación de las EPS. “Hubo un Tribunal que no tenía competencia […] Ha tumbado el reordenamiento de los usuarios en las EPS”, señaló Petro, quien agregó que esta situación “acaba completamente la posibilidad de eficiencia en las EPS”.
El presidente fue más allá y vinculó esta coyuntura con el fracaso legislativo de la reforma a la salud, al afirmar que existe una “política de atranque” que ha impedido implementar cambios estructurales y que, en su lectura, ha llevado al deterioro financiero de las entidades.
Las EPS en la mira y los pacientes que serían trasladados
Dentro de las entidades que entrarían en el escenario de liquidación se encuentran varias de las EPS más relevantes del sistema por número de afiliados.
Nueva EPS, con 10,8 millones de usuarios; Famisanar, con cerca de 2,9 millones de usuarios; Coosalud, con 3,2 millones; y Asmet Salud, con 1,8 millones, concentran una parte significativa de la población afectada. A estas se suman Emssanar (1,7 millones), Savia Salud (1,6 millones), Servicio Occidental de Salud (750.000) y Capresoca (170.000).
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En conjunto, estas entidades agrupan aproximadamente 22 millones de afiliados, lo que dimensiona el alcance potencial de la medida.
Más allá de la cifra, el impacto es particularmente sensible en poblaciones con condiciones médicas complejas. Pacientes con enfermedades huérfanas, crónicas o de alto costo, así como aquellos que dependen de tratamientos continuos, podrían enfrentar riesgos ante eventuales interrupciones o cambios en sus rutas de atención.
Esto se debe a que, en caso de liquidarse estas EPS, los afiliados tendrían que ser trasladados a otras entidades del sistema. En ese escenario, surge una preocupación clave: si las EPS receptoras, que en muchos casos ya enfrentan dificultades operativas y financieras, estarían en capacidad de asumir de forma inmediata un volumen tan alto de nuevos usuarios.
El anuncio de Petro no cierra el capítulo de la reforma a la salud. El presidente confirmó que su Gobierno volverá a presentar el proyecto el próximo 20 de julio de 2026, coincidiendo con el inicio de un nuevo periodo legislativo.
“Esa reforma se presentará de nuevo el 20 de julio […] Otro Congreso, otro Gobierno, otra oportunidad; depende del electorado de Colombia si volvemos atrás o seguimos con las reformas”, señaló Petro.
Mientras tanto, el sistema de salud entra en una fase de alta incertidumbre. La eventual liquidación de EPS y el traslado de millones de pacientes obligarán a monitorear de cerca la capacidad institucional para garantizar continuidad en la atención.
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Para pacientes, prestadores y aseguradores, el foco estará en cómo se implementen las decisiones y si el sistema logra evitar disrupciones en uno de los servicios más sensibles: el acceso efectivo a la salud.
