La más reciente encuesta de Guarumo y EcoAnalítica reveló que el 53,8 % de los colombianos no apoya la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, propuesta impulsada por el presidente Gustavo Petro y liderada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.
Solo un 31,3 % manifestó su respaldo a la iniciativa, mientras que el 14,9 % no sabe o no respondió.
Según las declaraciones más recientes del ministro Montealegre, se haría una consulta para definir si se convoca o no una Constituyente en las elecciones legislativas de marzo de 2026 y así los ciudadanos tendrían la oportunidad de votar directamente sobre la propuesta.
¿Para qué una nueva Constituyente?
El gobierno ha sido ambiguo sobre los cambios específicos que buscaría con la nueva Constitución. El presidente Petro ha insistido en que no tiene objeciones de fondo contra la actual Constitución de 1991, pero considera que no se ha cumplido a cabalidad. Por ello, el objetivo de la Constituyente, según Montealegre, no sería reemplazar la carta magna, sino garantizar que se aplique en su totalidad y fortalecer el “andamiaje institucional” del país.
Montealegre argumenta que la actual Constitución, a pesar de sus virtudes, no ha permitido realizar muchas de las transformaciones sociales que el gobierno considera urgentes. Según explicó, la nueva asamblea buscaría dotar al país de herramientas jurídicas que profundicen la igualdad, la solidaridad y permitan lo que denominó “un salto social”.
Retos institucionales y políticos
No obstante, la propuesta enfrenta serios desafíos legales y políticos. De acuerdo con expertos constitucionalistas, la convocatoria de una Asamblea Constituyente debe pasar primero por el Congreso de la República, donde el gobierno no cuenta con una mayoría sólida, lo que representa un obstáculo importante. Además, el proceso deberá ser revisado por las altas cortes, lo que añade otro filtro institucional.
Aunque Montealegre ha insistido en que todo el proceso se desarrollará dentro del marco constitucional, las dudas persisten sobre el verdadero alcance de la propuesta y su viabilidad jurídica y política.
Algunas de las críticas que ha recibido la convocatoria se salta el debido proceso constitucional.
El exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional Antonio Lizarazo expresó: “Estamos bajo la amenaza de un proyecto autoritario que ya está en ejecución. Si no lo enfrentamos desde la ciudadanía, Colombia se va a arrepentir”.
De igual manera, Luis Guillermo Guerrero, también exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Javeriana, afirmó que el problema no es la figura de la constituyente en sí misma, la cual está prevista en la Carta del 91 como una herramienta democrática legítima, sino el intento de activarla por fuera del cauce institucional.
“La propuesta del presidente es inviable jurídicamente. El mecanismo está previsto en la Constitución, pero debe pasar por una ley del Congreso con mayoría calificada. Pretender eludir ese camino provoca una reacción institucional legítima”, sostuvo.
Efraín Cepeda, presidente del Senado, dijo en entrevista con W Radio, que cualquier intento por cambiar la Constitución deberá, primero, aprobarse por una ley que expida el Congreso de la República. De lo contrario, el registrador no podría llamar a esas votaciones.
Encuentre la encuesta completa en este enlace. La ficha técnica a continuación:
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