La Fiscalía de Colombia se refirió este lunes a las denuncias de presuntos hechos de corrupción en el contrato de la primera línea del metro de Bogotá.
Esto, como respuesta a la portada más reciente de Revista Semana, que señala que, en medio de esta billonaria licitación, se habrían dado millonarias coimas.
Según el medio, “hay interceptaciones telefónicas entre José Joaquín Silva Ardila, un exfuncionario del Ministerio de Transporte, con un ciudadano chino, al que se refieren como William o Dong”.
Y agrega que, en este caso del metro de Bogotá, “se menciona a la alcaldesa de Bogotá (Claudia López), su pareja, y un círculo cercano, por valor de $6.000 millones, muchos de los que habrían sido usados en la pasada campaña legislativa”.
¿Qué dijo la Fiscalía de las denuncias en metro de Bogotá?
Ante esto, el ente acusador informó que una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales realizó dos compulsas de copias para que se adelanten las investigaciones pertinentes.
La primera, a la Sala de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que investiga a los aforados.
Y, la segunda, para la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía para que adelante los actos de investigación que puedan demostrar si hubo o no un delito cometido por funcionarios de la Alcaldía de Bogotá.
En todo caso, la Fiscalía deja claro que el proceso se encuentra en etapa de indagación, con lo cual aún se mantiene en investigaciones y pesquisas acerca de los hechos.
Claudia López y exministra responden
De otro lado, las denuncias de presuntos actos de corrupción en el metro de Bogotá fueron rechazadas por alcaldesa Claudia López, quien las calificó como una “difamación”.
“El Metro y mi defensa al mismo han sido objeto de una constante disputa política con el propósito de desprestigiarlo y pararlo”, dijo.
Y añadió que se trata de “rumores de unos sujetos tomando wisky (sic) en Yopal sobre supuestos pagos indebidos en 2022 de un contrato que en realidad licitó y firmó la anterior administración en 2019”.
A esto se sumó la exministra de Transporte, Ángela María Orozco, quien dijo: “Ni el Ministerio de Transporte, ni funcionario alguno del mismo participa o influye en la ejecución del contrato, luego no se entiende qué rol podría jugar un supuesto exfuncionario del Ministerio en el tema”.
La funcionaria también dijo que es «difícil ejercer cargos en un país donde a cualquiera le da por enlodar una gestión en una charla telefónica sin razonabilidad alguna».
