Desde el pasado 8 de noviembre, dos ministros del Gobierno radicaron en el Congreso un proyecto de ley que busca imponer topes a los aumentos que se puedan dar en el impuesto predial.
En ese proyecto, el Gobierno de Colombia explicó que se busca evitar abusos que se estaban cometiendo en algunos municipios en donde se han presentado aumentos de hasta 2.500 % en el valor del impuesto predial unificado.
Dentro del proyecto de ley se explica que, dependiendo del avalúo del bien o del predio, podrán darse aumentos solo hasta del 300 % con respecto al predial pagado el año inmediatamente anterior.
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Ministro Bonilla defiende el proyecto de impuesto predial
Al momento de radicar el proyecto de ley, el Gobierno también presentó la exposición de motivos en la que asegura, entre otras cosas, que el proyecto mejorará la eficiencia administrativa y tributaria de los municipios.
Sin embargo, en esa exposición de motivos poco se mencionó sobre alivios a los actuales dueños que podrían verse afectados por aumentos desmedidos en el valor del impuesto predial ni se citaron casos específicos en los que algunos valores del impuesto predial no deberían subir más allá del tope especificado en el proyecto.
El MinHacienda salió en defensa del proyecto de impuesto predial hablando precisamente de esos alivios.
“Se trata de un alivio para los contribuyentes cuando los municipios les liquiden el impuesto predial (…), la Nación y los distintos catastros del país están haciendo una actualización del avalúo catastral, pero no se están identificando los impactos que se están generando automáticamente sobre el impuesto porque el decreto que está vigente que es del año 2019 solamente genera un alivio a los predios que tienen un avalúo inferior a 135 salarios mínimos mensuales ($156.000.000)”, dijo el funcionario.
Pero, en ese orden de ideas, el ministro Bonilla dijo que el nuevo alivio contempla que, en caso de darse una actualización del avalúo catastral, no se le podrá cobrar a la persona más allá del tope establecido en el proyecto de ley.
El decreto que está en vigor hoy no dice nada acerca de los bienes que están avaluados más allá de los 135 salarios mínimos y, en ese orden de idas, si el municipio decide aumentar el avalúo catastral de un bien o un predio en el 1.000 % entonces el impuesto también podría aumentar en un 1.000 %, dijo Bonilla.
En su explicación, presentó una tabla con los límites actuales para el incremento del predial:
Así mismo, mostró una tabla con la forma como quedarían los nuevos topes para evitar cobros excesivos por la actualización del avalúo:
El ministro del Gobierno Petro también declaró que la creación de este sistema de alivios les da claridad a los concejos y las alcaldías para que no presionen el pago del predial, aunque los avalúos se hayan incrementado por una actualización.
“El proyecto que se está presentando no es un incremento del impuesto predial (…), lo que estamos generando es un alivio para que la actualización del catastro no impacte ni inmediata ni directamente el impuesto predial a los ciudadanos”, concluyó.
Gremios criticaron la propuesta
El primer gremio en reaccionar a la radicación del proyecto de ley de impuesto predial en el Congreso de Colombia fue Fenalco.
Su presidente, Jaime Alberto Cabal, dijo que “el proyecto afecta el derecho a la vivienda digna al gravar, excesivamente, la aspiración de tener techo propio. Además, segmentos como el de los pensionados, que viven de unos ingresos de subsistencia, y familias que viven en inmuebles propios, que no les generan ingresos, se verían obligados a vender sus propiedades porque no podrían pagar el predial incrementado en forma exponencial”.
Mayores impuestos, sumados a los síntomas de recesión, a la inflación de dos dígitos que afecta con mayor dureza a los informales y a los desempleados, y la perspectiva de un proyecto de reforma laboral del gobierno que destruye empleos, darán como resultado un 2024 marcado por la incertidumbre y desconfianza de consumidores y empresarios, dijo la agremiación.
“Los colombianos no aguantamos más impuestos improvisados y confiscatorios, que afectan seriamente la iniciativa privada, la inversión, el empleo y el derecho de propiedad”, indicó Cabal Sanclemente.
De su parte, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) considera que la propuesta “puede generar incrementos en los costos asociados a los servicios de vivienda, en un escenario en el cual los hogares colombianos han visto deteriorada su capacidad de compra y el sector de la construcción presenta un deterioro severo en los principales indicadores.
Agregó que el proyecto de ley plantea incrementos del impuesto predial de entre el 50 % y el 300 %, y de hasta el 100% en el segmento de vivienda de interés social (VIS).
Respecto a la VIS, indicó que las ventas registraron una caída del 53 % en lo corrido de 2023, lo cual implica que se han dejado de vender cerca de 73 mil viviendas de interés social frente a 2022.
Señaló que se debe tener en cuenta que para 2023 los colombianos han dejado de invertir $17 billones en compra de vivienda nueva, y que los arrendamientos enfrentan importantes presiones que podrían ser mayores si se suman nuevos impuestos.
“La inflación, altas tasas de interés y los cambios en la política de vivienda han sido factores que han incidido en las caídas en las ventas y que a su vez han disparado las renuncias, afectando principalmente a los hogares de menores ingresos. Con corte a septiembre de 2023, cerca de 30 mil hogares han debido desistir al proceso de compra de vivienda y de estos 23 mil renunciaron a la compra de una VIS”, concluyó el gremio de la construcción.
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