El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, propuso hoy que el Gobierno reduzca entre un 7,5% y un 10% los gastos generales, ente ellos la adquisición de bienes y servicios, viáticos, mantenimiento y contratos por prestación de servicios.
Recordó que el presupuesto que se está estudiando en las comisiones de Cámara y Senado tiene un faltante del orden de los $25 billones, que es necesario cubrir, con el fin de cumplir con iniciativas sociales tan importantes como el Programa de Alimentación Escolar (PAE) o Familias en Acción, entre otros.
El funcionario afirmó que, tal y como está planteado, el proyecto de presupuesto está en el límite de lo que propone la Regla Fiscal, por lo cual, cualquier manejo de la deuda requerirá también un aumento en el recaudo, para no correr el riesgo de superar los topes impuestos.
En ese sentido, el ministro afirmó que, tras un cuidadoso análisis, recomienda ser cauteloso con algunas propuestas surgidas en desarrollo del estudio y discusión del presupuesto del 2019; entre ellas, la eliminación de exenciones tributarias como aquellas que benefician inversiones en activos, las zonas francas o la llamada Ley de Estabilidad Fiscal, dado que significaría un cambio demasiado drástico en las reglas de juego que podría llevar incluso a millonarias demandas.
En el tema de la tributación, el ministro aseguró que la directriz del presidente de la República, Iván Duque, es clara en el sentido de que las personas naturales que hasta el día de hoy no pagan impuestos no deberán hacerlo con el régimen nuevo.
El objetivo, anunció, es concentrase en aumentar el recaudo entre las personas de mayores ingresos, algunas de las cuales tienen tasas de tributación extremadamente bajas en comparación con los estándares internacionales. “Nuestra propuesta no va a ser aumentar la base de personas naturales sino concentrarnos en ser más equitativos y más redistributivos en los sectores más altos”, dijo.
Adicionalmente, Carrasquilla insistió en que es necesario reducir la tributación de las empresas con el fin de impulsar la creación de empleo y el crecimiento de la economía y ampliar la base de recaudo del IVA, lo cual iría acompañado de una devolución de recursos para los sectores más pobres de la población.