María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, expuso en el foro Política Pública Nacional Portuaria un nuevo modelo para el sector portuario en Colombia, con el objetivo, según explicó, de que los beneficios de esta actividad económica lleguen a las comunidades de manera más equitativa.
Durante la intervención, la ministra resaltó que, a pesar de la importancia estratégica de los puertos colombianos, aún existe un rezago en términos de normatividad, infraestructura y equidad frente a experiencias internacionales.
Puso como ejemplo el caso de Dubái, donde la riqueza generada por la actividad portuaria ha irrigado bienestar en la población local, en contraste con lo que ocurre en el país.
“Los puertos deben generar riqueza, pero también empleo formal y de calidad, condiciones laborales dignas y aportes efectivos al desarrollo social y ambiental de los territorios”, afirmó.
Buenaventura y Cartagena, dos caras de la operación portuaria
Rojas informó que, en 2024, se movilizaron en Colombia 180 millones de toneladas de carga, consolidando a Buenaventura como el principal puerto de comercio exterior, mientras que Cartagena se mantiene como líder en eficiencia: es el primero en América Latina y el tercero en el mundo.
La ministra señaló que, a pesar de tener una capacidad instalada de 460 millones de toneladas anuales, el país solo utiliza una tercera parte, lo que refleja un gran potencial desaprovechado. “Buenaventura no debería estar en el puesto 44 del mundo, sino en los cinco o 10 primeros”, aseguró.
Retos pendientes: normas, contraprestaciones e intermodalidad
Uno de los principales desafíos identificados es la actualización de la Ley Primera de 1991, que rige las actividades portuarias desde hace más de dos décadas. Según la funcionaria, la dinámica económica y tecnológica exige una normativa moderna que facilite proyectos intermodales como el Corredor Ferro Interoceánico, que busca conectar el Pacífico con el Atlántico a través del Chocó.
Otro punto clave es el esquema de contraprestaciones. El Gobierno adelanta una consultoría para proponer nuevas fórmulas tarifarias que garanticen un mayor aporte de los operadores privados al desarrollo local, así como mecanismos que aseguren una mejor redistribución de los beneficios.
Integración territorial y sostenibilidad
La ministra también planteó la necesidad de que los puertos dejen de ser enclaves aislados y se integren urbanística y socialmente con los municipios en los que están ubicados. Para ello promoverán planes maestros portuarios que contemplen áreas de transición, espacios públicos y zonas verdes.
En materia ambiental, hizo un llamado a que proyectos como los dragados incluyan un manejo responsable frente a los impactos sociales y ecológicos, especialmente en Buenaventura y otras zonas del Pacífico donde las comunidades han expresado preocupación.
Una apuesta por sociedades portuarias mixtas
El Gobierno insistirá en la creación de sociedades portuarias mixtas y públicas como mecanismo para garantizar que la riqueza no solo beneficie a inversionistas, sino que también genere capacidades empresariales en las comunidades locales.
“Queremos puertos que no solo sean eficientes, sino que también contribuyan a construir una sociedad más equitativa. Esa es la obligación moral de nuestra generación”, concluyó la ministra.
